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miércoles, 17 de septiembre de 2008

medular razonamiento de germán gutiérrez sobre la obediencia debida ffaa+gobierno

El Presidente venezolano nuevamente ha incursionado en terrenos deleznables cuando de oficio advierte que intervendrá armadamente en Bolivia exigiéndole al Comandante en Jefe de las FF.AA. de Bolivia que cumpla con su rol de soldado antes de que ejecute su amenaza. Las declaraciones de Chávez son inadmisibles porque afectan gravemente la soberanía nacional, nuestra independencia, la convivencia pacífica entre las naciones y ratifica el tipo de relación que tiene con nuestro gobierno que es de absoluta injerencia en asuntos internos con la aquiescencia de Palacio Quemado, que deja al margen principios básicos que sustentan a la comunidad internacional.
Lo más grave, sin embargo, es que ningún país u organismo bi o multilateral haya reaccionado contra semejantes amenazas que se ciernen sobre Bolivia al grado que con su silencio cómplice han agravado las dudas existentes sobre una ya evidente parcialidad con el administración que Morales Ayma y se han mostrado insensibles ante el desmoronamiento de la democracia y el Estado de Derecho.
La única voz oficial disonante a la de Chávez es de quien menos esperábamos, el Gral. Trigo, que no sólo señala que no permitirá la intervención venezolana en asuntos internos sino que las FF.AA. se niegan a recibir ayuda militar de ese país. Empero, como todo en la vida, es una cal y otra arena,. A la par de sus declaraciones, un contingente de militares enviados a Cobija detienen a varios dirigentes cívicos y amedrentan a la ciudadanía con agresiones que no se justifican ni con el Estado de Sitio, pues entiéndase que ésta es una medida de excepción que limita los derechos más no los suprime como ha sucedido en la capital pandina. Chávez, en su soberbia ignorante y al igual que cualquier dictador del pasado, ha puesto otra vez en el tapete del debate el principio de la obediencia debida, que ya fue analizado y debatido exhaustivamente en la Argentina producto de la desaparición forzada de más de 30.000 argentinos durante la guerra sucia en las décadas del 70 y del 80 ordenadas por autoridades que tenían poderes extraordinarios o la suma del poder público y ejecutadas por las FF.AA. y la Policía argentinas.
La obediencia debida en general se relaciona con la actividad castrense y por la inadecuada comprensión de lo que es la jerarquía y la subordinación a la que están sometidos los inferiores en grado, que les exime de cualquier responsabilidad penal por delitos cometidos en el cumplimiento de la orden impartida por el superior jerárquico, por lo que el inferior se beneficia con esta exención y la sanción penal corresponde al superior que dio la orden. Esta suerte de obediencia ciega que obliga a cometer delitos al inferior porque así lo ordena el superior, es frenada y limitada por variados convenios internacionales sobre todo por aquellos relativos a los derechos de las personas y por supuesto por la normativa interna.
En el caso boliviano, nuestra Constitución Política del Estado señala que nadie está obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden ni a privarse de lo que ellas no prohíban. Esta garantía normativa tiene intima relación con los deberes de cualquier ciudadano de acatar y cumplir la Constitución y las leyes. En este marco, la exigencia de la cúpula militar al Capitán General de las FF.AA. para que emita una orden escrita para que ellos salgan fuera de sus cuarteles a restablecer el orden, no les exime de responsabilidades en caso de que cometan delitos, porque argumentar que recibieron órdenes superiores y por eso se mató o se vulneraron derechos, no les inhibe de cumplir con la obligación constitucional y legal de respetar la vida, la seguridad y los derechos de las personas.
Pese a que las FF.AA. son una institución jerárquicamente estructurada que obedece órdenes y no las discute, no es menos cierto que no debe acatar cualquier orden sobre todo si ésta pretende inducir a toda una institución a afectar los derechos fundamentales de las personas. La no comprensión de que el principio de la obediencia debida no es parte de nuestra normativa interna y que a nivel internacional ha sido rebatida, por lo que en la actualidad, quienes la sustentaron como un justificativo de sus actos criminales han tenido que sufrir las más duras consecuencias y están o procesados o con los huesos en la cárcel.
En consecuencia, una orden presidencial que vulnere la misión fundamental de las FF.AA. de defender y conservar la independencia nacional, la estabilidad de la República, la soberanía nacional, el imperio de la Constitución y la estabilidad del gobierno democráticamente constituido, debe ser representada y en su caso desoída en bien de la convivencia pacífica de los bolivianos con lo que se evitarían más muertes y juicios de responsabilidades, porque en su momento no supieron cumplir con el mandato constitucional y legal al que están obligados en todo momento, máxime si el pedido o instrucción de vulnerar el ordenamiento jurídico nacional viene del autócrata venezolano