El documento secreto que fue dado a conocer inicialmente en el programa de televisión "Sin letra chica" y que revela un plan desestabilizador dirigido a los departamentos autonomistas planteado por el Comando General del Ejercito como: "Marcha Hacia el Oriente", nos devela la estrategia de un golpe de Estado escalonado, cuyo objetivo, el que se puede abstraer del mismo plan, es una limpieza étnica-ideológica-cultural del Oriente boliviano.
Nos horroriza pensar que el Ministro Quintana fue a Pando con licencia para matar y que posiblemente pueda seguir portando esta licencia, en aras de la existencia de una confabulación para implementar una guerra intestina con la característica de una fase de guerrilla urbana en la que se estarían utilizando tropas del ejército y milicias venezolano-cubanas, que dentro del plan aparecen mencionadas como apoyo de "Chavos".
Después de las mencionadas denuncias, Quintana, nos aparece como un personaje oscuro y calculador, capaz de preparar con mente fría el ejercicio de la violencia y persecución de bolivianos opositores. Nos ha llamado también la atención, que después de difundida la denuncia, el ministro se tomó 48 horas de respiro, periodo dentro del cual se dio tiempo para aparecer cruzando piernas y sonriente en la reunión de "negociación" entre el gobierno y los miembros del Congreso, utilizando este encuentro público para mostrarse tranquilo y como un miembro más del gabinete de la gestión Morales; lo cual puede interpretarse como un artilugio para poner una cortina de humo sobre sus cuestionadas actuaciones; mucho más cuando ya existen serios indicios que lo involucran como autor intelectual y ejecutor del plan que ensangrentó al departamento de Pando y terminó con el apresamiento irregular del prefecto Leopoldo Fernandez.
Recordemos que después de los luctuosos sucesos de Pando, Juan Ramón Quintana, reapareció brindando una conferencia de prensa en supuesta calidad de denunciante de lo ocurrido. Pocas veces se ha visto tal versatilidad de papeles en un mismo personaje, que además de comandar las acciones de violencia, apareció en el papel de haber cumplido una "misión humanitaria", simultáneamente a plantearse como denunciante y como negociador frente al Congreso.
En la presente oportunidad, Juan Ramón emitió una conferencia de prensa en la que se dedicó a incriminar a la prensa, mostrando supuestos vínculos de "todos" los medios de comunicación de Pando con el prefecto Leopoldo Fernandez y la prefectura, tal como antes hiciera en su presentación como delegado de la supuesta "misión presidencial humanitaria", ocasión en la que presentó una senda denuncia en power point mostrando supuestos vínculos familiares del prefecto Leopoldo con casi todos los funcionarios de la prefectura, acusando a Leopoldo de tener una red no sólo de nepotismo, sino también de corrupción y contacto con redes de narcotraficantes.
Quintana, en sus múltiples personalidades, ahora pretende acabar con los medios de comunicación y con la libertad de prensa, porque sus acciones han sido conocidas gracias a la información prestada por medios de prensa imparciales e incorruptibles a los maletinazos del Ejecutivo.
La prensa aparece en la Bolivia actual como el único poder del Estado que no se ha mostrado inclinado a someterse a los pies del gobierno, y que sigue batallando en una lucha principista a fin de aportar con una información fidedigna y lo más veraz posible, prestando así un valioso servicio a una sociedad en la que hoy se está jugando con la vida y la libertad de las personas.
Pese a las amenazas, la prensa de Bolivia lucha por no ser silenciada, situación por la que se ha convertido en la única fuente de información fiable y valuarte de los derechos y la libertad.
Sin embargo, debemos alertar acerca del riesgo que entraña el proyecto constitucional del MAS, que podría vulnerar seriamente a los medios de prensa dando fin al ejercicio libre e imparcial del periodismo; razón por la cual la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), ha planteado que se elimine el inciso II del artículo 108 de la proyectada (CPE), por constituir una flagrante violación a la libertad de expresión, garantizada en los convenios internacionales sobre derechos humanos, suscritos por Bolivia.
El inciso II del Artículo 108 de la mencionada CPE, cuyo proceso de aprobación es también severamente cuestionado por diversos sectores nacionales, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, el principal organismo judicial del país, establece que: "La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad", criterio de valor que al ser constitucionalizado puede dar lugar a persecuciones y represiones a la prensa.
Hay serias bases para demostrar que el gobierno está empeñado y apurado para constitucionalizar la dictadura y con ella la violencia, con lo que daría piedra libre a la licencia para matar y acallar a quienes disientan o denuncien el terrorismo de Estado que se está ejerciendo en medio de un alud de mentiras y maniobras.
