El presidente George W. Bush firmó el jueves la extensión de la ley de preferencias comerciales para Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, aunque reafirmó su pedido de exclusión de Bolivia de esos beneficios acusándola de no cooperar en la lucha internacional contra las drogas.
"El Congreso tiene derecho de aprobar esta ley asegurando el acceso sin gravámenes al mercado estadounidense por parte de nuestros socios en Sudamérica", dijo Bush al firmar la ley en una ceremonia en la Casa Blanca.
Sin embargo, recordó que la ley concedía también al ejecutivo el poder de suspender las preferencias comerciales a "los países que no cumplan sus promesas".
"Desafortunadamente, Bolivia no coopera con Estados Unidos en los importantes esfuerzos de lucha contra el narcotráfico", dijo. "Por consiguiente, muy a mi pesar, he propuesto suspender las preferencias comerciales a Bolivia hasta que cumpla sus obligaciones".
La llamada Ley de Preferencias Comerciales Andinas (ATPA, por sus siglas en inglés) fue creada y aprobada por el Congreso en 1990 durante un período de 10 años, para dar a esos países ingreso sin aranceles a miles de productos a fin de que pudieran generar desarrollo alternativo en el campo y compensar parte de sus gastos. Desde entonces ha sido extendida en cuatro oportunidades, la última de ellas la semana pasada por un año para Perú y Colombia, y seis meses para Ecuador y Bolivia.
Perú y Ecuador han negociado tratados de libre comercio que darían permanencia a esas preferencias. Pero Ecuador y Bolivia, que tienen gobiernos mayormente críticos de Bush, se han excluido de esas negociaciones, y el beneficio de seis meses que estaban recibiendo puede ser extendido por otros seis meses si el Departamento de Estado informa al Congreso que ambos cooperan en la lucha contra las drogas.
Bush, sin embargo, pidió la semana pasada la exclusión de Bolivia debido a que el gobierno del presidente Evo Morales ha expulsado de la zona cocalera a enviados de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) que canalizaban la ayuda estadounidense contra las drogas. Su pedido se hizo también semanas después de que Morales expulsara al embajador estadounidense en La Paz acusándolo de intromisión en los asuntos internos nacionales.
Morales ha dicho que el pedido de Bush era "una venganza" por las políticas que estaba adoptando en Bolivia y ha anunciado para la próxima semana el envío a Washington de una misión especial que encabezará el ministro de Hacienda Luis Arce para exponer la posición boliviana.
Arce dijo esta semana que en una presentación ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), que está tratando de implementar la orden de marginación pedida por Bush, demostrará técnicamente que el pedido del presidente "es injusto".
Si se cumpliera la marginación, unas 40.000 personas se quedarían sin empleo directo en Bolivia y decenas de empresas quebrarían.
En la ceremonia estuvieron presentes la secretaria de Estado Condoleezza Rice, el secretario de Comercio Carlos Gutiérrez, la directora de USTR Susan Schwab y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, entre otros.
