se están produciendo publicaciones a lo largo y ancho del planeta vinculadas al conflicto de poderes que ha desatado el jefe de estado, olvidando que en un régimen democrático debe existir respeto recíproco entre los tres poderes. que no cumplir lo ordenado por el poder judicial dentro del campo especifico de sus atribuciones es, nada más ni nada menos que asumir actitudes dictatoriales. el desacato a órdenes judiciales está penado por Ley y puede conducir a una pena de seis años de prisión. de nuevo, el presidente se equivoca de pe a pa, y las consecuencias no se dejarán esperar.
El Estado puede ser sancionadoWilman Durán / Ex Pdte. del Trib. Const.
En la última reforma al Código Penal se introdujo una figura que sanciona con hasta seis años de cárcel a las personas que incumplan las resoluciones en materia de habeas corpus y amparos, porque esos recursos están dirigidos a proteger los derechos fundamentales. Si hay resistencia para acatar el fallo de la Corte de Chuquisaca, se comete una infracción y por lo tanto se constituye en delitos.Si el Gobierno no acata el fallo, la primera consecuencia estará referida al ordenamiento interno.
El sentimiento de los ciudadanos sobre seguridad jurídica de la Nación quedaría debilitada porque los bolivianos sentirán que les podrá pasar lo mismo. La segunda consecuencia está referida a la repercusión en el ámbito internacional, ya que una de las coexistencias de la sociedad internacional es que se respete los derechos humanos, que son considerados como un patrimonio de la humanidad. A raíz del desacato al fallo judicial que dictó la Corte de Distrito de Chuquisaca, el Estado boliviano puede enfrentar sanciones porque es una flagrante alteración por el incumplimiento a esos pactos internacionales.
Reacciones
- El Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, afirmó que, independientemente de las observaciones que tenga alguna de las partes, se debe cumplir la resolución judicial, y no cumplir puede traer consecuencias en un estado de derecho.- EL juez Willam Dávila, que envió a la cárcel al prefecto confinado de Pando, Leopoldo Fernández, opinó que existe una determinación judicial que debe cumplirse a pesar de las observaciones.- La abogada de los tres normalistas fallecidos en Porvenir, Mary Carrasco, anunció el inicio de un juicio contra los vocales de la Corte de Chuquisaca que fallaron a favor de Fernández. Las acusaciones son prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y tráfico de influencias.
