En horas más, son las ocho, a las doce la noche será levantado el estado de sitio vigente en Pando desde los sucesos del 11 de septiembre. La medida será cumplida a medias, es decir termina el toque de queda y el estado de excepción con el recorte de las libertades de circulación libre, reunión, expresión y viajes fuera del departamento o hacia el exterior, pero, nótese bien, lo fundamental seguira restringuido. El apresamiento con las agravantes denunciadas del Prefecto Leopoldo Fernández, tomado como rehén, conducido a un cuartel y de allí a la cárcel de San Pedro, en pleno centro de la ciudad, donde "ponchos rojos" y comités promasistas montan guardia de día y de noche, dizque para evitar que la autoridad legalmente elegida pudiera ser enviada a Sucre, Capital de la República y presentado ante el Poder Judicial.
Los juristas del gobierno del MAS están buscando qué calificativo van a aplicar a la arbitraria, ilegal, improcedente detención de Fernández, cuya popularidad va en aumento, pués recientes encuestas en Pando y otros departamentos le dan sobre entre seis y siete puntos, convirtiéndolo virtualmente en un candidato político para cualquier responsabilidad incluyendo la presidencia de la República. Al no ser puesto en libertad, ni habérsele probado su culpabilidad por los muertos y heridos de la población de El Porvenir, el levantamiento de tal medida restrictiva se cumple a medias. Digamos lo mismo de los 40 detenidos en el cuartel de Viacha en calidad de confinados, figura jurídica inapropiada para un régimen democrático que supuestamente rige en el país.
Se ha cumplido sí, la elaboración de un informe parcializado a cargo de una comisión de "expertos designados por Unasur" ésta vez por encargo de la Presidenta Bachelet, a la Presidenta Fernández de Argentina. Cuando se conoció que el argentino Mattarollo sería el responsable de la comisión el periodista uruguayo con residencia en Bolivia Emilio Martínez, previno que no había que esperar un informe imparcial puesto que el personaje había servido a grupos de extrema izquierda y tenía antecedentes de guerrillero furibundo. Tal como se dijo, el informe aunque no se conoce en detalle por la opinión pública, está parcializado y favorece al MAS, calficando los sucesos de masacre y responsabiliza a las autoridades de entonces.
Finalmente tenemos el caso de los exiliados. Cerca de un mil ciudadanos se acogieron al derecho de asilo en Brasil, nación respetuosa de los acuerdos que tiene suscritos sobre la Convención de Ginebra que consagran la validez del asilo. Ampara a los bolivianos que están allí, muchos temen por su vida, y lo peor no se sabe hasta cuándo tendrán que permanecer bajo la protección de Naciones Unidas y ser trasladados a otros países que les brinden cobijo.
De modo que se levanta a medias el Sitio a Pando, con presos prolíticos, con exiliados y con informes tendendiosos y parcializados. Así se escribe otra faceta negra de la historia de Bolivia.
