El “amplio clima de colaboración” impulsado por el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en sus relaciones con Bolivia, en sustitución de su histórica demanda de acceso al océano Pacífico, empieza a traducirse en resultados concretos y prácticos que terminan favoreciendo mucho más los intereses de Chile que los de Bolivia.
El desarrollo no sólo del histórico puerto de Arica, sino también del de Iquique y de todo el entorno urbano de ambas ciudades, incluyendo sus zonas francas comerciales e industriales, se encuentra indisolublemente ligado a la presencia de intereses bolivianos en el norte de Chile: el comercio, lícito y esencialmente el contrabando, se desarrolla con las mercaderías que circulan desde y hacia Bolivia. En el mismo sentido, el rubro del turismo, cada vez más dinámico con destino a Arica e Iquique, está ligado o a la playa de la que carecen los bolivianos o a los atractivos turísticos que abundan en territorio boliviano y de los que carece el norte de Chile, pero que este país vende como destinos propios. Indudablemente, podemos seguir aceptando que Chile proclame a los cuatro vientos su “generosidad” con Bolivia, a favor de la cual se dispone ahora a “habilitar” el puerto de Iquique en términos que ni siquiera coinciden con los compromisos que se tienen inscritos en el Tratado de 1904 y que se han logrado también burlar en los tradicionales puertos habilitados de Arica y Antofagasta, ahora concesionados a empresas privadas y por intermedio de las cuales se eliminó la presencia no sólo de la Aduana, también de todos los agentes bolivianos en ambos puertos.
En tal sentido, si de lo que se habla es de la pretendida intangibilidad de los tratados, al menos se debería empezar por cumplir éstos y exigir en consecuencia que la habilitación no sólo de los puertos del norte de Chile sino de cualquier puerto que Bolivia demande habilitar para el libre tránsito de sus mercaderías se la haga en los términos que se encuentran inscritos en el Tratado de 1904. La cesión de un puerto seco en Alto Hospicio se constituye en algo más que una grotesca burla a lo que se tiene estipulado en referencia a las condiciones en las cuales Chile está obligado a habilitar o el puerto de Iquique o el de Mejillones, o por último el de Punta Arenas, si fuese demandado por Bolivia.
La cesión de un hipotético puerto “al sur de Caracoles en calidad de ‘enclave’, sin soberanía plena, sobre diez hectáreas de terreno, donde Bolivia pueda administrar con plenos poderes un puerto para sus intereses comerciales”, según información proporcionada por el periódico La Prensa, no coincide, por sí solo, con los más elementales requerimientos de Bolivia.
Lo cierto es que la concesión en términos similares del puerto de Patillos, que se estuvo en vísperas de materializar para la exportación de gas boliviano a los mercados de México y California, se constituía en un beneficio tanto para Bolivia como para Chile. La concesión de un puerto al sur de Caracoles o en Cobija reviste esencialmente un carácter más simbólico que de real beneficio para Bolivia, pero de indiscutible beneficio para Chile, más aún si a partir de tan graciosa concesión pretenderá proclamar como definitivamente superadas sus diferencias con nuestro país.
Los anuncios que se están haciendo sobre el tratamiento del tema marítimo inscrito en la agenda bilateral de 13 puntos aprobada el 18 de julio de 2006 no coinciden más que con la política persistentemente impuesta por la Cancillería chilena en el sentido de acallar la legítima demanda de acceso soberano de Bolivia al océano Pacífico. * Diplomático, ex Cónsul General en Chile
