crimen y castigo
El rol del poder ejecutivo boliviano en los luctuosos hechos de Pando fue a todas luces, vil e indigno y pasará a lahistoria como un hito en la historia universal de la infamia. No hubiese habido ningún muerto ni herido, no hubiesen habido siquiera enfrentamientos si es que el Señor Ramón Quintana ministro de la presidencia, es decir el más cercano al Evo Morales, no contratara y organizara, presumiblemente con dinero venezolano, a cientos de campesinos en la localidad de Riberalta cuyos líderes fueron armados y preparados para enfrentarse militarmente, mientras el grueso era cínicamente utilizado como carne de cañón.
El señor Quintana ha sido filmado en un video ampliamente difundido anunciando prácticamente en detalle sus intenciones y amenazando al prefecto Leopoldo Fernández, recientemente ratificado en las urnas por el voto popular. Es un acto de desvergüenza y cinismo descarado que a pesar de estos antecedentes se siga insistiendo en el linchamiento de Fernández y que se pretenda que un proceso sobre los hechos pueda prescindir del protagonista principal, el señor Quintana. El video en cuestión seria evidencia suficiente en cualquier parte del mundo para someterlo a proceso e incluso a una diagnostico siquiátrico.
El Hecho de que el prefecto pandino, un hombre con decenas de elecciones ganadas con el apoyo de su pueblo, haya sido secuestrado y tomado de rehén por parte del gobierno constituye una violación a sus derechos legales y humanos y a los principios más básicos del debido proceso. Pretender que luego de haber permanecido ilegalmente secuestrado en la Paz, incomunicado, sometido al incesante desfile de grupos irregulares contratados para amedrentarlo, Leopoldo Fernández no pueda ser ahora conducido a Sucre de acuerdo a un fallo judicial, solo revela el alma de linchadores de quienes, empezando por el presidente Evo Morales y el Vicepresidente García Linera. sustentan semejante despropósito. Ello no es de extrañarse puesto que Morales ha señalado en reiteradas oportunidades que se ríe en la ley y Linera a estado en la cárcel por actos terroristas en los que murió gente. En cuanto a la acusación que los jueces recibieron dinero para el fallo obviamente Morales no aportará jamás nada que se parezca a un prueba de semejante difamación.
La actitud de los líderes políticos de la oposición, de su colegas diputados y senadores, así como de los prefectos de la denominada media luna de no mover ni un dedo para representar los derechos del prefecto secuestrado es no solo un error político de gran envergadura sino la prueba de que la indecencia, y la falta de hombría de bien no son monopolio del oficialismo en Bolivia. El estridente silencio de los prefectos así como de Jorge Quiroga y Doria Medina, dice muy poco de su verdadera catadura moral y de la talla de su eventual liderazgo. Este mutismo no solo concierne el caso de Fernández como tal sino tiene relación con la situación de decenas de detenidos, varios de los cuales fueron torturados, centenares de refugiados políticos, un numero solo comparable a la cantidad de exiliados durante los 7 años de dictadura de Banzer y es cómplice de la ocupación militar de Pando, donde el masismo se aboca a la tarea de destruir a la institucionalidad y a la sociedad pandina.
