Bolivia, actualmente, es un país de base material (economía) amenazada en su estabilidad por los coletazos de la crisis del sistema financiero internacional y superestructura (ordenamiento jurídico-constitucional) que se desploma.A plazo inmediato no quedaremos atrapados en la crisis (inflación, merma drástica de los ingresos, incremento en los índices de desempleo y un letal desequilibrio de cuentas en el cuadro de la macroeconomía), pero tal probabilidad rige para los próximos cuatro años, toda vez que ni Estados Unidos ni los países miembros de la UE son capaces todavía de oponer firmes diques a lo que se perfila como una recesión a escala universal.
En cambio, entre nosotros, el orden jurídico-constitucional, desde hace rato, encaja en la imagen de techo de casa que gotea y poco menos que se desploma…
El principio constitucional de la independencia y coordinación de los poderes públicos,en materia de funciones, equivale a todo un sistema de pesos y contrapesos que impide al Ejecutivo avasallar al Poder Judicial o al Legislativo, éstos, a su vez, a hacer lo propio respecto al primero. Sin este pilar de normalidad y sostenibilidad institucional, no hay ni puede haber gobierno verdaderamente democrático. Aludimos a una indeseable falencia que propicia la concentración de todo el poder en manos del Ejecutivo.
No vamos a citar los casos concretos, porque lamentablemente son muchos los que acreditan que la actual situación del país encaja ya en la aludida figura.Tenemos, en primer lugar, una Corte Suprema de Justicia cuyos fallos acata el Ejecutivo sólo en los casos que favorezcan a sus intereses político-partidarios, desconociéndolos de forma expresa y oponiéndose de forma furiosa a que sean aplicados cuando lo perjudican.Padecen igualmente este avasallamiento las Cortes Superiores de Distrito e inclusive jueces y fiscales, cuyos fallos y resoluciones son igualmente objeto de desacato gubernamental.
En un estado de derecho, la ley pone a disposición del Gobierno, como hace la nuestra, diversos recursos para que los miembros del Poder Judicial corrijan los fallos y resoluciones que, a su criterio infrinjan la normatividad jurídica.Hoy los gobernantes no hacen tal cosa. Simple y llanamente oponen un ¡No! tonante a ciertas resoluciones judiciales, lanzando a sus grupos de choque, además, contra gente favorecida por aquéllas. A ratos, como consecuencia del proceso de desinstitucionalización en que ha caído el país, la Diosa Themis (apelativo que se da a la justicia), entre nosotros, bajo fuerte presión gubernamental, actúa igual que tuerta que sólo percibe las cosas en una sola dirección (la que favorece al MAS y al Gobierno).
Se muestra severísima con los opositores al MAS y extraordinariamente magnánima con la gente del Gobierno. No importa que algunos masistas sean sorprendidos con las manos en la masa respecto a delitos sancionados por el Código Penal. Tampoco interesa que cometan actos terroristas. Igual se los pone en libertad. En cambio, contra los sindicados que militen en la oposición cívica o política, fiscales y algunos jueces actúan sin piedad. Son secuestrados en operativos ‘comandos’ que dirigen encapuchados y luego son confinados a un cuartel de Viacha, que era el lugar en que antes se recluía a los que luchaban contra las dictaduras militares.
Lo peor es que todo confluye en una especie de centralización de la justicia en La Paz, con barrido total de las competencias que tienen fiscales y jueces para aplicar las medidas cautelares contra los autores materiales e intelectuales de delitos cometidos en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales.Bolivia,valga la repetición, es una casa de cimientos amenazados por los efectos de la crisis financiera internacional y de techo a punto de desplomarse por el actual proceso de desinstitucionalización.
