Largas colas de amas de casa obligadas a descuidar sus faenas cotidianas para conseguir una garrafa de gas. A poca distancia, chóferes que dedican gran parte de su jornada a lo mismo, con la esperanza de cargar su tanque antes de que la ración de combustible asignada a cada surtidor se agote. Y si tienen la suerte de lograrlo, no pueden recuperar el tiempo perdido porque las señoras, probablemente sus esposas, están usando sus garrafas para bloquear las calles y avenidas cansadas de esperar.
Esas son escenas cotidianas en El Alto y otras ciudades del país. En Santa Cruz, a lo anterior se suma la semiparalización de su principal actividad, la agropecuaria. Según cálculos preliminares, hasta el 50% de la producción del año está en riesgo de perderse, lo que en el corto plazo puede significar unos 100 mil puestos de trabajo menos. Se prevé también que cuando llegue el momento de hacer los balances de gestión, muchos empresarios se verán en serias dificultades para cumplir sus obligaciones bancarias.
Como si eso fuera poco, varias de las principales fábricas del país ya están trabajando a media máquina porque no cuentan con el gas necesario para explotar todo su potencial productivo. No es menos dramático el panorama de las exportaciones de hidrocarburos, que están cada vez más alejadas de los compromisos asumidos con los países compradores. Mientras esto ocurre, el gobierno aún no deja de festejar la hazaña que realizó, hace ya más de dos años, cuando “nacionalizó” los hidrocarburos en medio del regocijo nacional.
No importa que todos los indicadores coincidan en señalar que la escasez de combustibles no es nada más que la única cosecha que se podía esperar de lo que se empezó a sembrar el 1 de mayo del 2006. Dos años y medio durante los cuales se hizo todo lo necesario para ahuyentar a las inversiones y para destruir lo que se construyó en las áreas de producción, procesamiento y distribución de hidrocarburos. ¿Cuál la solución? La respuesta es tan obvia que todos la conocen: invertir, invertir e invertir.
Según quienes saben del asunto, hacen falta por lo menos 7.000 millones de dólares anuales. Pero los que desde la nacionalización tienen a su cargo el negocio, muy orgullosos, anuncian que para el 2009 cuentan con 1.000 millones y de Bolivianos, no de dólares. ¿Y de dónde provendrán? Pues de recursos que se quiten a la inversión social y de los impuestos que pagamos los bolivianos. Es decir, en lugar de alimentar las arcas estatales, YPFB volverá a vivir a su costa. Estamos, pues, ante los primeros frutos de la nacionalización. Pero ese es sólo el principio, porque a decir de los entendidos, que no son los que nos gobiernan, el problema tenderá a agravarse los próximos años. (Texto y publicación de Los Tiempos, Cochabamba)
