Si queríamos reconfirmar la forma de operar de la “justicia comunitaria” ya tenemos una idea aproximada con el último acontecimiento ocurrido en Achacachi.
Si queríamos tener alguna idea de cómo serán tratados muchos temas en nuestro país, ya hemos tenido una muestra de la justicia por mano propia revestida de acciones arbitrarias y atrabiliarias que permiten que grupos desbordados e iracundos de ciudadanos decidan ajusticiar a quienes presuntamente son delincuentes, enemigos o agresores de su comunidad, sin que las sospechas necesiten ser respaldadas por pruebas.
La Justicia Ordinaria tendrá muchos defectos, cometerá graves injusticias, pero ninguna de estas situaciones pueden compararse al hecho de que se permitan acciones sin que medie un justo proceso y la vigencia de garantías mínimas para las personas acusadas de haber incurrido en delitos.
El Gobierno trata de crear una cortina de humo frente a estos hechos, planteando de manera difusa que estos episodios no estarían vinculados con la justicia comunitaria; pero ya sabemos que la palabra del Gobierno no es confiable porque la experiencia nos muestra que los criterios que los funcionarios gubernamentales emiten son simples argumentos políticos para salir del paso y en los que la regla es echar mano del engaño para distraer a la opinión pública de los temas que les resultan controvertidos.
Para tomar una idea más cabal de cuál es realmente el calibre de las acciones que llevaron a que una turba mate a dos personas y someta a golpes y torturas a nueve más acusadas de robo, es importante tomar en cuenta que los supuestos ladrones ajusticiados, a pesar del lamentable estado de salud en el que se encontraban, fueron sometidos a la acción de la justicia que determinó detenerlos preventivamente.
La celeridad en la administración de justicia para los casi linchados, no tuvo la misma eficiencia para iniciar la investigación de los agresores, puesto que el Alcalde Municipal y líder de los “ponchos rojos”, previno a los fiscales que no permitirían detenciones ni investigaciones en su localidad.
En el presente linchamiento, tal como ha ocurrido en anteriores situaciones, la labor de la justicia se hace inoperante porque la comunidad que toma decisiones corporativas se acoge a un “pacto de silencio”, que obstruye cualquier labor y deja los crímenes en la más absoluta impunidad.
El Alcalde “poncho rojo”, considera que sus comunarios actuaron en defensa de sus pertenencias, razón por la que les sigue ofreciendo máxima protección mientras niega que se proceda a la investigación pertinente.
Dentro de la lógica que podemos extraer del linchamiento de Achacachi, los ciudadanos acusados de robo, después de haber sido rescatados de la turba han sido sometidos a la Justicia Ordinaria para calmar los ánimos de los achacaqueños, mientras el crimen queda impune por miedo a embravecer nuevamente a los comunarios que hace un tiempo atrás amenazaron a la Policía y los expulsaron de su población.
De esto podemos colegir que la justicia comunitaria es el poder de la turba frente a las instituciones, es el poder de quienes se arrogan y detentan el poder eliminando el goce de derechos y garantías más allá de la condición, raza o clase, que es lo que caracteriza a las democracias modernas.
En Achacachi, como en las comunidades indigena-campesinas empoderadas por el Gobierno de Evo Morales al límite de la irracionalidad, los asesinos, torturadores, flageladores, que violan los más elementales derechos humanos pueden perpetrar sus crímenes en paz siempre que estén protegidos por el dictamen corporativo de la comunidad.
Se puede prever que lo de Achacachi va a quedar en medio de evasivas así se haya pescado a esta comunidad con las manos en la masa y en pleno ejercicio de linchamiento comunitario.
Fuente: hoy bolivia, autor: Centa Reck.
