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lunes, 12 de enero de 2009

fourche y revolledo dos altos funcionarios chilenos negocian a escondidas un acuerdo con EVO para permitir el ingreso de contrabando de 1.500 vehículo

Una misión chilena se reúne este lunes en forma reservada con autoridades bolivianos con la esperanza de la flexibilización de un decreto contra la importación de autos usados que afecta directamente a empresarios de ese país, mientras importadores locales provocaron disturbios en La Paz.
La reunión, que se mantiene en absoluta reserva, se realizó en medio de fuertes protestas de comerciantes e importadores bolivianos de autos de segunda mano como telón de fondo, constató la AFP.
Los comerciantes de autos usados y empleados de zonas francas bolivianas colapsaron este lunes el centro de La Paz por segunda vez en una semana con plantones que buscan la flexibilización de la medida tomada a principios de diciembre.
Los manifestantes se apostaron en céntricas avenidas de la capital y en las cuatro bocacalles de ingreso a la plaza de Armas de La Paz, donde despacha el presidente Evo Morales y donde la Cancillería tiene sus oficinas que debían albergar la reunión entre autoridades bolivianas y chilenas.
La reunión se realizaba en un lugar desconocido hasta por los funcionarios medios de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Hacienda.
A La Paz llegaron este lunes desde Santiago los directores generales de Relaciones Económicas Internacionales, Carlo Furche, y de Asuntos Bilaterales de la Dirección Económica, Andrés Revolledo con la esperanza de revertir la medida boliviana que afecta directamente al puerto chileno de Iquique.
Empero, el gobierno de La Paz anunció que la medida no se moverá, pese al pedido chileno para evitar un efecto económico negativo en su puerto norteño, principal punto para el desembarco de autos usados manufacturados principalmente en Japón.
En los puertos chilenos de Iquique y Arica y en puestos de la frontera boliviano-chilena, se encuentran -según versiones locales- unos 27.000 vehículos de segunda mano, que tienen una antigüedad mayor a 5 años y que ya no pueden llegar a las zonas francas bolivianas para su desaduanización.
Bolivia emitió el decreto para evitar que el país se convierta en un "basurero de chatarra", para evitar la contaminación del medio ambiente y para frenar un consumo desmedido de carburantes.