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jueves, 5 de marzo de 2009

garcía linera ha mostrado los dientes a sus propios senadores masistas porque se atrevieron a investigar a tres ministros en el caso de Santos Ramírez

El vicepresidente Alvaro García rechazó el jueves la mayoría de un informe del Senado aprobado en la víspera sobre casos de corrupción en la petrolera estatal, que pidió investigar al ministro de Hacienda y a otros dos ex ministros. El informe liberó de responsabilidades al presidente Evo Morales pero el senador opositor Walter Guiteras aclaró que no es porque el mandatario pueda ser inocente, sino porque "hasta el momento de la investigación se determinó que no tiene grado de participación".

Editor. Se han dejado oír protestas porque la acusación no incluye a Evo Morales verdadero responsable del tremendo daño por millones de dólares causado a la Nación. Se ha criticado con toda razón que el Senado ha dejado escapar una ocasión propicia para involucrar a Morales en la indagación del Ministerio Público.

García, al rechazar ante periodistas el informe, dijo que tiene un "contenido político para dos cosas: para seguir en una campaña en contra del presidente Evo (Morales), su gabinete y buscar paralizar la actividad productiva del gobierno". La resolución de Senado aprobada por el pleno de la sala el miércoles en la noche determinó investigar la posible responsabilidad del ministro de Hacienda, Luis Alberto Arce, y de los ex ministros de Hidrocarburos Carlos Villegas --actual presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)-- y Saúl Avalos. Además, al superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa y a ejecutivos de YPFB.

Editor: Claro que el número dos del Gobierno tiene que descalificar el informe de contenido político, qué más quería, que después del escandalete que no termina de sorprender y fastidiar a todos los bolivianos todavía se les tendría que aplaudir a los corresponsables de todo el proceso delictivo incluídos crimen y robos, porque de alguna manera son los involucrados Arce, Villegas, Avalos y Aruquipa los corresponsables, cómplices del desbarajuste que sacude a la Nación.

"Nos ha sorprendido, consideramos que ha habido una ofuscación en esa firma, hemos conversado con ellos creamos que han sido objeto de engaño, hbjeto de una encerrada jurídica y no han entendido a cabalidad el contenido político antiestatal, antiproductivo que trae este informe", replicó García.

Editor. Resulta que los senadores Antonio Peredo y los otros masistas que votaron por la aprobación del informe sobre el caso Santos Ramírez, han sido víctimas del engaño y de la trampa de la oposición...por favor vicepresidente, no bajonee usted a su propia gente, creyéndoles ingenuos o poco leídos...es ofensivo lo que usted dice de ellos, cuando debería felicitar a los senadores que le están evitando a la Nación males mayores...no era usted que quería una intervención quirúrgica mayor en YPFB? Es que ha cambiado de un día para otro?

El Senado, mediante una comisión multipartidaria, investiga el supuesto caso de corrupción que se descubrió tras el asesinato del empresario Jorge O"Connor, al que le fueron robados 450.000 dólares en febrero. La fiscalía supone que el dinero era para pagar un soborno. OConnor, ejecutivo de la empresa Catler Service, sostenía negocios con la petrolera estatal por 86 millones de dólares tras adjudicarse un contrato de forma "ilegal" para la instalación de una planta de gas, cuando fungía como presidente de YPFB Santos Ramírez. Poco después Morales lo destituyó y está detenido en una cárcel hace más de tres semanas.
El escándalo aún continúa en investigación por la justicia. El miércoles se detuvo a otro colaborador de Ramírez, el ex director administrativo Marco Antonio Vega, acusado de ser uno de los presuntos responsables del contrato entre Catler Uniservice e YPFB. Mientras, el Ministerio Público, a través del fiscal encargado del caso, Edward Mollinedo, señaló que el Estado ha perdido 16,6 millones de dólares, los cuales fueron otorgados a Catler Uniservice como adelanto y será difícil recuperarlos. La oposición atribuye las ilegalidades a los decretos aprobados por Morales, en los que se da vía libre a una contratación directa. El gobernador Mario Cossio presentó el martes una acusación en contra a Morales por "conducta antieconómica" y el gobierno calificó la acusación de "aberración jurídica".(crónica de LT)