El Poder Judicial, la prefectura de Tarija, el Congreso, la oposición en pleno, los medios de comunicación, los agricultores y ganaderos, todos están siendo emplazados en el país. Tal como el Tribunal Constitucional, la prefectura de Pando, la Corte Nacional Electoral, el Ejército Nacional, la Policía, YPFB y todas las nacionalizadas pasaron del estado de emergencia al de toma abierta.
No entendemos todavía como los bolivianos hemos ido tolerando todos estos abusos que están redundando en el uso discrecional de las instituciones, empresas y recursos del Estado boliviano, que parecen haber pasado a engrosar la lista de los bienes del Ejecutivo, razón por la que los ministros actúan como usufructuarios, vilipendiando los recursos de país sin compasión y volviendo improductivas las empresas que han sido nacionalizadas bajo la promesa de que permitirían que los bolivianos mejoren sus ingresos y que estos se transformen en obras e infraestructura en uno de los países más paupérrimos y abandonados de América Latina.
El jueves pasado el Ejecutivo se pegó una "encerrona", con el objetivo de afinar sus estrategias de toma del poder. La nota anecdótica la puso el Ministro de la Presidencia quien declaró a la salida de la reunión que no habían tocado el tema de la corrupción a pesar de los muchos actos de esta naturaleza que involucran a funcionarios de gobierno sin que hayan sido esclarecidos.
Esto demuestra que el tema no es prioritario para el Gobierno así lo pongan en sus declaraciones como un himno a la bandera. La corrupción no le quita el sueño al Ejecutivo, tal como no le interesa tampoco la economía, ni las epidemias, ni el estado lamentable de los hospitales. Al gobierno lo único que le prende la mecha es la aprobación de la maquiavélica Ley Electoral que plantean sacar con cerco al Congreso y con las mismas mañas y actos ilegales con los que ya han procedido en anteriores ocasiones, tal como lo hicieron cuando impusieron la Ley Inra, el referendum por constitución, etc.
En la etapa en que se encuentran, los planes del Presidente y sus ministros son la elección de diciembre próximo, razón por la que afinan los motores y se han limado las uñas para arremeter y comenzar a arrollar todo lo que les pueda significar un obstáculo a la toma definitiva del poder que en la presente y última etapa corresponde al copamiento de la asamblea plurinacional y al último tramo de descabezamiento de la justicia destruyendo la Corte Suprema de Justicia como antes lo hicieron con el Tribunal Constitucional, situación que les permitirá que no se pueda interponer ningún recurso de inconstitucionalidad o de amparo, lo que todos los temas jurídicos quedarían en manos del gobierno y los opositores y afectados no tendrían donde acudir para hacer algún reclamo.
Este es el motivo por el que de la "encerrona" salieron decididos a pegar el último zarpazo al poder judicial tratando de destituir al Presidente de la Corte Suprema a quien lo acusan de retardación de justicia en el juicio a los autores de la violencia de octubre de 2003.
Esta postura es farisea y de sepulcros blanqueados, primero, porque en octubre de 2003 ya es vox populi que la alta cúpula Mas-sindicatos cocaleros había decidido que la revuelta debía llevarse vidas humanas, que debían haber víctimas para derrocar a Goni y que toda revolución tiene que tener muertos como bandera, esto no lo pueden negar porque lo han repetido el mismo Presidente y el Vicepresidente hasta al cansancio a cuenta de los muertos chuquisaqueños en la etapa de finalización de la Asamblea Constituyente, situación en la que dijeron textualmente, tal como lo hicieron también en similares oportunidades donde trataron de normalizar el derramamiento de sangre y uso de la violencia de Estado: "En toda revolución se pierden vidas, no hay revolución sin derramamiento de sangre, en otros países han muerto cientos y miles".
Por otro lado, hablar de retardación de justicia es una hipocresía mayúscula en este régimen que no ha aceptado ningún fallo judicial cuando este protege algunos derechos o procesos que deben ser respetados, como es el caso de los presos políticos que están encerrados en la cárcel sin acusación, sin gozar del debido proceso, menos de sentencia, mientras el gobierno espera tomar la justicia y hacer las cosas a su libre conveniencia.
Sólo para esto se pasaron el trabajo de darse una "encerrona" de la que salieron listos para arrollar.
