Gary Prado aparece en una foto con Rozsa. Es una entrevista que en el año 2008 concedió el general a dicho personaje, quien se presentó como periodista. Es de esperar que el fiscal Sosa no la utilice como “prueba” para acusarlo.
El gobierno, vía fiscalía, está mostrando un particular interés en involucrar a dos generales en retiro en supuestos afanes terroristas o separatistas. Casualmente ambos tienen historial institucional y una reconocida trayectoria de lucha a favor de la democracia. Se trata de los generales Gary Prado y Lucio Añez, a quienes, mediante supuestas declaraciones de “unionistas” o de miembros del grupo de Eduardo Rozsa, se busca involucrarlos en actividades de corte subversivo.
No está demás recordar cual es la trayectoria de ambos. Gary Prado, cuando tenía el grado de capitán, intervino en las acciones contra el grupo guerrillero encabezado por el Che Guevara en Ñancahuazú y fue precisamente él quien capturó al comandante guerrillero. Alguno podrá afirmar que esto es un punto en su contra, sin embargo, está demostrado que Prado se limitó a cumplir su obligación como militar y el trato que dispensó al capturado fue en todo momento caballeroso y no intervino en su asesinato. La historia lo tiene registrado y hasta ahora a nadie se le ha ocurrido negarlo.
También se debe recordar que en 1975 intentó un golpe de estado contra Hugo Banzer. Esa acción conocida como el “tarapacazo” fracasó pero posibilitó la fuga de decenas de militantes de izquierda que estaban detenidos en dependencias de la Dirección de Orden Político a pocos pasos del palacio de Gobierno.
Es conocida también su franca oposición a la dictadura de Luis García Meza y que por esa causa recibió un balazo en la espalda que lo dejó postrado en una silla de ruedas, situación que afronta con la dignidad que siempre lo caracterizó.
Del general Lucio Añez se puede decir en principio que siempre perteneció a esa corriente en las Fuerzas Armadas conocida como institucionalista, es decir que rechazaba que la institución castrense se involucre en actividades políticas ni en forma directa ni como sostén de un determinado partido.
Durante la dictadura de García Meza, fue nombrado comandante en jefe del Ejército como una forma de obtener el respaldo del grupo institucionalista, pero a los pocos días intentó un golpe de Estado que fue frenado mediante el pago de lo que se vino a llamar los “bonos de lealtad” a unos cuantos jefes militares.
Sin embargo intervino a los pocos meses en otra acción que a la postre determinó la renuncia de García Meza y la entrega del poder a una junta, lo que en buenas cuentas significó el primer paso hacia la recuperación de la democracia. Por las dudas conviene remarcar que esta acción tuvo su centro en la ciudad de Santa Cruz y en ella intervinieron personalidades como Luis Adolfo Siles Salinas y otros.
Ambos exjefes militares, por su trayectoria se han ganado el respeto de muchos oficiales en la institución militar quienes recogen esa su tradición institucionalista.
Por tanto se puede deducir fácilmente de donde viene esa animadversión del gobierno del MAS hacia ambos. Ocurre que tanto Prado como Añez simbolizan un criterio contrapuesto de lo que quiere hacer Evo Morales de las Fuerzas Armadas. Prado y Añez buscaron que las Fuerzas Armadas cumplan su misión institucional y no participen en acciones que puedan llevarla a enfrentarse a la población, Evo Morales quiere que sean un simple apéndice del MAS y actúen como su brazo armado, cosa que ya ocurrió en Pando y ahora en el oriente del país.
La visión institucionalista, a excepción de la actual jerarquía militar, persiste en la mayoría de las Fuerzas Armadas de Bolivia, pero Morales quiere imponer la visión chavista, que asigna a la institución castrense la misión de guardia pretoriana. Prado y Añez, a pesar de estar en situación de retiro son un referente moral para los militares y cuesta creer que se hayan aventurado en relaciones clandestinas que echarían por la borda su respectivas trayectorias.
El gobierno, vía fiscalía, está mostrando un particular interés en involucrar a dos generales en retiro en supuestos afanes terroristas o separatistas. Casualmente ambos tienen historial institucional y una reconocida trayectoria de lucha a favor de la democracia. Se trata de los generales Gary Prado y Lucio Añez, a quienes, mediante supuestas declaraciones de “unionistas” o de miembros del grupo de Eduardo Rozsa, se busca involucrarlos en actividades de corte subversivo.
No está demás recordar cual es la trayectoria de ambos. Gary Prado, cuando tenía el grado de capitán, intervino en las acciones contra el grupo guerrillero encabezado por el Che Guevara en Ñancahuazú y fue precisamente él quien capturó al comandante guerrillero. Alguno podrá afirmar que esto es un punto en su contra, sin embargo, está demostrado que Prado se limitó a cumplir su obligación como militar y el trato que dispensó al capturado fue en todo momento caballeroso y no intervino en su asesinato. La historia lo tiene registrado y hasta ahora a nadie se le ha ocurrido negarlo.
También se debe recordar que en 1975 intentó un golpe de estado contra Hugo Banzer. Esa acción conocida como el “tarapacazo” fracasó pero posibilitó la fuga de decenas de militantes de izquierda que estaban detenidos en dependencias de la Dirección de Orden Político a pocos pasos del palacio de Gobierno.
Es conocida también su franca oposición a la dictadura de Luis García Meza y que por esa causa recibió un balazo en la espalda que lo dejó postrado en una silla de ruedas, situación que afronta con la dignidad que siempre lo caracterizó.
Del general Lucio Añez se puede decir en principio que siempre perteneció a esa corriente en las Fuerzas Armadas conocida como institucionalista, es decir que rechazaba que la institución castrense se involucre en actividades políticas ni en forma directa ni como sostén de un determinado partido.
Durante la dictadura de García Meza, fue nombrado comandante en jefe del Ejército como una forma de obtener el respaldo del grupo institucionalista, pero a los pocos días intentó un golpe de Estado que fue frenado mediante el pago de lo que se vino a llamar los “bonos de lealtad” a unos cuantos jefes militares.
Sin embargo intervino a los pocos meses en otra acción que a la postre determinó la renuncia de García Meza y la entrega del poder a una junta, lo que en buenas cuentas significó el primer paso hacia la recuperación de la democracia. Por las dudas conviene remarcar que esta acción tuvo su centro en la ciudad de Santa Cruz y en ella intervinieron personalidades como Luis Adolfo Siles Salinas y otros.
Ambos exjefes militares, por su trayectoria se han ganado el respeto de muchos oficiales en la institución militar quienes recogen esa su tradición institucionalista.
Por tanto se puede deducir fácilmente de donde viene esa animadversión del gobierno del MAS hacia ambos. Ocurre que tanto Prado como Añez simbolizan un criterio contrapuesto de lo que quiere hacer Evo Morales de las Fuerzas Armadas. Prado y Añez buscaron que las Fuerzas Armadas cumplan su misión institucional y no participen en acciones que puedan llevarla a enfrentarse a la población, Evo Morales quiere que sean un simple apéndice del MAS y actúen como su brazo armado, cosa que ya ocurrió en Pando y ahora en el oriente del país.
La visión institucionalista, a excepción de la actual jerarquía militar, persiste en la mayoría de las Fuerzas Armadas de Bolivia, pero Morales quiere imponer la visión chavista, que asigna a la institución castrense la misión de guardia pretoriana. Prado y Añez, a pesar de estar en situación de retiro son un referente moral para los militares y cuesta creer que se hayan aventurado en relaciones clandestinas que echarían por la borda su respectivas trayectorias.
