La diplomacia boliviana tiene cuatro frentes de conflictos abiertos y las tensiones con tres países vecinos tienden a agravarse. Al ya añejo conflicto con Estados Unidos, país con el que no hay relaciones a escala de embajadores desde septiembre del año pasado, se han sumado los problemas con Perú, Paraguay y Brasil.
La semana pasada, la cancillería de Bolivia anunció el viaje de una comisión de alto nivel a Washington para tramitar la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y el restablecimiento de relaciones. También se abrió la posibilidad de que se designe al boliviano estadounidense Zenón Ferrufino como embajador; sin embargo, fuentes de la legación de Estados Unidos aseguraron que el Departamento de Estado no ha analizado aún el tema.
En los últimos días, la relación con Paraguay se ha deteriorado por la denuncia de los militares del vecino país sobre un grupo de militares bolivianos que ingresó en su territorio. Pese a que el ministro de Defensa, Walker San Miguel, negó el hecho, el canciller guaraní, Héctor Lacognata, dijo al diario La Nación que su país esperará el informe del Gobierno de Bolivia para cotejarlo con el reporte del sumario abierto en Paraguay por la Justicia Militar.
Lacognata manifestó que el presidente Fernando Lugo ya inició las gestiones sobre el caso, en la que supuestamente bolivianos militares ingresaron en una estancia del Chaco y se llevaron a la fuerza a un paraguayo, que supuestamente delinquió en Bolivia.
A esto, se ha sumado en las últimas horas la decisión de Brasil de conceder asilo político a 118 ciudadanos bolivianos que huyeron de Pando luego de los hechos de violencia de septiembre de 2008. El Gobierno de Luiz Inácio da Silva ya ha defendido su decisión, aunque el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, aseguró que se le pedirá un informe a la administración de Planalto. Por un tema similar, la otorgación de asilo y refugio político a tres ex ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada, las relaciones con Perú se volvieron a tensionar la relación. Ayer, en un programa radial citado por EFE, el ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, aseguró que Bolivia tiene buenas posibilidades de ganarle un juicio a Perú en la Corte Internacional de La Haya para obligarlo a que revierta el asilo a Jorge Torres Obleas y el refugio a Javier Torres Goitia y Mirtha Quevedo. “El Gobierno peruano, con el mayor respeto, no puede actuar violando las normas del derecho internacional y causando daño a temas importantes”, subrayó Arce.
Por otra parte, las declaraciones de la ministra de Justicia, Celima Torrico, sobre los hechos donde nueve indígenas peruanos y 22 policías perdieron la vida, han provocado una nueva riña diplomática entre Perú y Bolivia.
Paraguayos confirman
El comandante del destacamento militar Mayor Infante Rivarola, ubicado en el Chaco, en la frontera con Bolivia, coronel Víctor Ocampos, relató que el teniente Fredy González le comentó que el 17 de mayo se efectuó un procedimiento dentro del territorio paraguayo en colaboración con la Policía Militar boliviana, a pedido de los uniformados del vecino país.
Cuando hubo la supuesta invasión, Ocampos alegó que estaba de permiso en Asunción y que González se quedó a cargo del destacamento. Según Ocampos, su subalterno confesó que policías bolivianos buscaban a paraguayos que supuestamente cometieron robos y asaltos en una estancia en Bolivia, cuya propiedad sería de una persona de apellido Balderrama. González afirmó que acompañó a los bolivianos hasta la estancia dentro del territorio paraguayo, administrada por Miguel Cabrera, donde detuvieron a un paraguayo, que fue llevado a Bolivia en una camioneta con los objetos recuperados. González no anotó en el libro de novedades para “no crear problemas” ni denunció la invasión territorial, según le comentó a sus superiores.
El vicepresidente de Paraguay, Federico Franco, tenía la precisa información que uniformados bolivianos ingresaron en territorio guaraní.
