No son casualidades. Son hechos que responden a la causalidad que los produce. Contienen los mismos rasgos y trazos que se dibujaron en octubre de 2003. Todo comenzó con un absurdo: el pedido de Felipe Quispe para que se libere al campesino Huampo, acusado de asesinato. Como esto no sucedió, de una manera artera se planificaba la toma de rehenes en Sorata, todo con el propósito de provocar al gobierno para que actuara con fuerza y cuando la tuvieron, y lograron los muertos que necesitaban para provocar la ira de la ciudad de El Alto, desencadenaron la sedición en su totalidad.
Ahora se repite en el Perú, bajo el pretexto de violación a los derechos indígenas y de la propiedad que reclaman por los recursos naturales que deben ser explotados en beneficio de todos los peruanos. En octubre de 2003 el pretexto fue la supuesta venta de gas a Chile y el consiguiente reclamo de los derechos bolivianos sobre ese recurso natural.
En ambos casos se producen victimas fatales; indígenas y militares. Pero como en octubre, ahora en este junio en el Perú, se acusa de genocidio. Y ya se están moviendo los medios dirigidos por o nGs al servicio de estos afanes desestabilizadores, allá donde ven un gobierno que hace crecer la economía al 9 por ciento anual, le atenazan desde el Ecuador y desde Bolivia, en el zarpazo artero de quienes le hacen el juego a la extremismo delincuencial del narcotráfico.
Se denuncia intromisión extrajera en los hechos de Bagua, se acusa al gobierno del Presidente García de no dar curso a sus demandas y se distorsiona la verdad. Exactamente como en octubre, cuando se decía a los alteños que el gobierno estaba vendiendo gas a Chile y que generales chilenos estaban dirigiendo las acciones de represión. Toda esa mentira planificada sirvió para romper con el proceso democrático y entronar al que ahora es un renegado de la democracia.
No les interesan los recursos naturales, como en Bolivia, donde los que se decían sus defensores, han terminado con la producción de gas, y nos han convertido en importadores de gasolina. Sirvientes de intereses radicados en el narcotráfico. En el Perú las fuerzas de Sendero Luminoso actualmente al servicio del narcotráfico, están en estos operativos. En Bolivia se ha dado luz verde a esta actividad y ahora es territorio libre para su expansión.
No se trata de cerrar los ojos a esta realidad, sino de verla en toda su dimensión. Ya no es cuestión de un asunto de seguridad nacional, sino de seguridad regional, donde todas la democracias corren el peligro de ser envueltas en esta madeja de intereses, que reúnen a; inversores que especulan con recursos naturales, nexos que expanden el negocio de la cocaína, activistas que manejan recursos destinados a la convulsión social, Todo esto con el vestido del rostro indígena y sus derechos.
Mientras las Fuerzas Armadas de Bolivia tienen que sentarse en el banquillo de los acusados, como genocidas, por haber cumplido con el rol institucional que el asigna el Estado de Derecho. Acusados por los mismos protagonistas de la subversión y de la conspiración de octubre, hoy día, encaramados como gobernantes y adalides de los recursos naturales, en cuyo nombre asesinaron, asaltaron y desde el gobierno confiscaron la propiedad privada.
Estamos ante una arremetida, que involucra el cinturón de seguridad sudamericano. Y son los pueblos los que tienen que poner freno al avance de la anarquía planificada, donde hay un solo ganador: el narcotráfico.
