El alto comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Bolivia, Denis Racicot, afirmó ayer que una de las preocupaciones de este organismo internacional está centrada en el debilitamiento del Poder Judicial en el país, que está afectando el estado de derecho de los bolivianos.
La posición fijada por el representante de la ONU, durante una reunión que sostuvo ayer por la tarde con la directiva del Comité pro Santa Cruz, fue cuestionada por el diputado oficialista Gustavo Torrico porque, en su criterio, responde a una línea internacional contra el Gobierno.
A juicio de Racicot, los actores políticos bolivianos deben buscar el consenso para elegir a las autoridades del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Judicatura y cubrir las acefalías en la Corte Suprema de Justicia porque es una de las formas de restituir el estado de derecho de los ciudadanos.
“Estamos preocupados por la ausencia de las autoridades judiciales. Estas instituciones son muy importantes para garantizar la rectitud y el equilibrio de la magistratura en Bolivia”, precisó Racicot ayer, al finalizar su encuentro con la dirigencia cívica cruceña, que expuso, por más de dos horas, los casos ocurridos durante el gobierno de Evo Morales, los cuales consideran como atentatorios al estado de derecho y a los derechos humanos.
Consultado sobre el tema, el diputado masista Gustavo Torrico reconoció que el Congreso se “aplazó” por no designar a las autoridades judiciales, pero cuestionó a Racicot, que también expresó su preocupación por la demora en la instalación de un juicio justo a los acusados por los hechos de Porvenir, por los cuales se encuentra recluido el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.
“Respeto su opinión, pero hubiera sido bueno que también se reúna con las víctimas de Porvenir. Él no conoce la historia de caciquismo que ha vivido Bolivia”, precisó el parlamentario oficialista.
Dijo que el representante de las NNUU en Bolivia sigue la línea de esa organización internacional, que concedió, a través del alto comisionado de las Naciones Unidos para los Refugiados (Acnur), “asilo político a los masacradores de Pando”, en referencia a los 118 pandinos que huyeron a Brasil de la persecución gubernamental.
“Estamos monitoreando la situación legal del proceso en Pando. Si hay un juicio, debe ser justo y que se respeten los derechos de los imputados y de las víctimas. En igualdad de ‘armas’ deben defenderse y que se conozca la verdad jurídica de lo ocurrido”, precisó el comisionado.
A su vez, el presidente del Comité Cívico, Luis Núñez, calificó como positivo el encuentro que tuvo con el representante de la ONU. “Le hicimos conocer que no hay justicia en Bolivia”, aseguró el dirigente.
Cuestiona ley comunitaria
La justicia comunitaria, tal y como fue utilizada contra el dirigente indígena de Beni Marcial Fabricano, es una acción que atenta contra los derechos humanos. Ése fue el criterio que emitió ayer el alto comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Denis Racicot, cuando fue consultado sobre el tema.
El funcionario de NNUU no se reunió con Maday Fabricano, hija del malogrado dirigente, que acudió ayer al Comité Cívico para intentar un encuentro con él.
Sin embargo, Racicot planteó la necesidad de generar discusión en el país sobre las formas de sanción que se contemplan en las normas jurídicas y en la justicia comunitaria, establecida en la nueva Constitución Política del Estado.
Maday Fabricano, que estuvo acompañada por su primo Yousy Fabricano, contó que su papá todavía sufre las secuelas de la tortura que le impuso un grupo de campesinos en una comunidad de Beni, donde fue azotado y acusado como traidor a los indígenas.
“Queremos entrevistarnos con esta persona (por el señor Racicot) para hacerle conocer todo lo que le pasó a mi padre. Le pediremos que se convierta en un vigilante en el proceso judicial que le iniciamos a los causantes de la tortura contra mi papá”, dijo.
