El 31 de octubre del año pasado, en este espacio editorial, decíamos que “de los 411 artículos del texto constitucional propuesto por el MAS, hay dos especialmente peligrosos”. Nos referíamos a los artículos 135 y 136, los que bajo el rótulo de “Acción Popular” introducen a la nueva Constitución “un enorme potencial explosivo”.
Meses después, el 30 de enero del presente año, decíamos que “la ola de avasallamientos de tierras que se ha desatado, cuyos protagonistas afirman que ahora “la Constitución los ampara”, es una pequeña muestra de un fenómeno que sin duda causará gravísimos problemas y, paradójicamente, tendrá al gobierno del MAS entre sus principales víctimas”.
“No podía esperarse otro resultado, —agregábamos— pues los artículos que comentamos reúnen todas las condiciones necesarias para que ello ocurra. Dicho de manera sintética, lo que se establece a través de ellos es que “la Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos. (…) Podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza (…) sin que sea necesario agotar la vía judicial o administrativa que pueda existir”.
“¿Podrá ahora alguna autoridad gubernamental negar que la nueva Constitución da lugar a eso y a mucho más?” nos preguntábamos. Y concluíamos afirmando: “Estamos asistiendo sólo a un pequeño anticipo de lo que ya se puede ver venir.
¿Podrá el MAS conjurar los demonios que desató?”
Ahora, de manera casi simultánea, estamos siendo testigos de la magnitud de los “demonios que desató” el MAS. Uno de ellos es el afán de los comunarios de Chapìsirka, en Cochabamba, quienes amparándose en la nueva Constitución Política del Estado se atribuyen derechos de propiedad sobre el agua de la que se abastece Cochabamba y con la que riegan sus terrenos campesinos de los valles.
El otro, cuya gravedad es mucho mayor y hace prever conflictos de gran magnitud, es el relativo a las pugnas entre Petroandina y las comunidades indígenas mosetén, leco, tacana y chimán del norte de La Paz, que se niegan a admitir que la empresa petrolera ingrese al parque Madidi para iniciar la explotación hidrocarburífera de la zona.
En ambos casos, los “indígena originarios campesinos” respaldan sus demandas en las atribuciones que les otorga la Constitución.
El desafío que tales conflictos plantean al MAS es enorme. Pero no debieran ser menos para los candidatos de la oposición, pues no pueden ni deben eludir su obligación de exponer su posición sobre este tipo de problemas que son con los que tendrán que lidiar durante los próximos meses y años.
