Por sexta vez, ayer la jueza Cuarto de Instrucción en lo Penal, Margoth Pérez, negó la libertad al ex presidente de la estatal petrolera Santos Ramírez, por el caso YPFB-Sipsa.
La defensa criticó a la justicia paceña por negar el recurso. Mientras que Ramírez acusó a un ministro de convertirse en juez y parte para impedir su salida del penal de San Pedro.
Durante la audiencia de ayer, Ramírez dijo que el Gobierno le tiene miedo por su pensamiento e ideología y que por ello los fiscales que investigan el caso, algunos ministros de estado y el propio presidente Evo Morales lo condenaron sin que antes concluya el proceso sobre los presuntos hechos de corrupción al interior de la empresa petrolera estatal.
Aseguró que la nueva sociedad entre YPFB-Sipsa, fue creada dentro del marco de la ley de hidrocarburos e indicó que de no conformarse la nueva empresa, otras empresas privadas se hubieran beneficiado con las tareas mencionadas, situación que quiso evitar. Manifestó que tal vez cometió el error al callarse y no decir su verdad sobre los delitos que supuestamente habría cometido en la suscripción de contrato entre la empresa YPFB y Catler Uniservice y la creación de la empresa YPFB-Sipsa.
"Delito había sido (sic) pensar en el país que hay que perforar nuevos pozos petroleros y delito había sido pensar en esas garrafas viejas que explotan en los micros y las casas" aseveró Ramírez durante la audiencia cautelar ante la jueza Pérez.
El ex hombre fuerte, que rompió el silencio de varios meses en esta audiencia cautelar, dijo que con la no perforación de nuevos pozos petrolíferos y la no recalificación de garrafas no pierde Santos Ramírez, sino pierde el Estado y la sociedad.
El abogado de Ramírez, José Luis Paredes precisó que su defendido fue imputado por la firma supuestamente de un contrato irregular para la creación de YPFB-Sipsa.
Cabe recordar que la firma de este contrato fue cuestionado por el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción por haber ocasionado un daño económico al Estado.
Además, Ramírez tiene otro proceso por el caso YPFB-Catler Uniservice que destapó un bullado caso de supuesta corrupción referida a la instalación de una planta separadora de licuables, por $us 83,6 millones, que nunca se hizo.
En Argentina, por su parte, el portal criticadigital.com señala que en la estatal Enarsa, encargada de hacer los pagos, desconocen la situación.
El ex alto dirigente del MAS, cumple también detención preventiva en este penal paceño desde febrero pasado, luego del atraco y asesinato del gerente de Catler Uniservice, Jorge O'Connor, a quien le robaron $us 450 mil que era una supuesta coima para Ramírez quien les iba, presuntamente, a adjudicar la construcción de una planta separadora del líquidos en Campo Río Grande, Santa Cruz.
RAMÍREZ TEXTUAL
• "Pasaron ocho meses en este proceso de investigación, pero algún Ministro de Estado se ha convertido en juez público, con una sentencia anticipada".
• También denunció que los fiscales tuvieron similar comportamiento, "de hacer campaña con el caso que enfrenta".
• "Si tenían tanta evidencia ellos deberían hacer las acusaciones".
