Ni aun los argentinos con más prolongada experiencia política podrán recordar, en relación con períodos equivalentes del pasado, un panorama institucional como el que se proyecta por delante en los últimos dos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
A la luz de los hechos que se vienen sucediendo, habría que estar desatento en exceso a las alternativas que se abren al país para pasar por alto que resulta más imperioso que nunca elevar la cuota de razonabilidad y responsabilidad institucional. De otra manera, se correrá el peligro de que se produzca una colisión de poderes que sumará, al balance de males gestados, otros nuevos daños para el interés general de la República.
El problema central reside, según se ha demostrado hasta el cansancio en estos siete años, en la falta de entendimiento del matrimonio Kirchner sobre lo que la letra y el espíritu de la Constitución esperan de los gobernantes. Un capítulo aparte es el examen de si esa incompatibilidad se ha debido más a razones ideológicas que a impulsos emocionales.
El ordenamiento legal básico de los argentinos es tributario del pensamiento doctrinario trazado en sus orígenes por Locke y por Montesquieu. Se afirmó luego en el constitucionalismo norteamericano e inspiró la clarividencia de nuestros constituyentes cuando establecieron mecanismos de control recíproco entre los poderes de gobierno. Así se sentaron los principios destinados a conjurar excesos y descalificar las hegemonías que asfixian el funcionamiento pleno de la democracia republicana.
A raíz de haber contado con el voto dócil de la mayoría legislativa hasta el 10 de diciembre, el Poder Ejecutivo -primero encarnado en Kirchner, luego en su esposa, aunque de facto, también en él- ha hecho tabla rasa con siglos de constitucionalismo liberal. Lo que es más grave y punible es que ha violentado los preceptos del texto consagrado en 1853 y reformado, sin alteración de esencias, en 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994.
Dice la Constitución que "en ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de las causas pendientes o restablecer las fenecidas". Nadie que juzgue con objetividad la situación nacional afirmará que la Casa Rosada ha ajustado su conducta a ese precepto en el período abierto en mayo de 2003. Por el contrario, las presiones sobre los jueces han constituido desde entonces un escándalo frecuente, potenciado, es cierto, desde la reformulación del Consejo de la Magistratura hasta llegarse al acto aberrante de que el jefe de Gabinete se haya erigido en responsable confeso de la decisión administrativa de desacato a una orden judicial.
Desde el 10 del mes pasado, en que quedó en minoría en la Cámara de Diputados y con quórum precario en el Senado, el Poder Ejecutivo ha dado múltiples señales de su disposición a redoblar el pertinaz desafío al equilibrio entre los poderes. ¿Hasta dónde ha de tolerar una conducta de ese tipo la nueva composición del Congreso? ¿Hasta dónde la voz de creciente preocupación de los jueces de la Corte Suprema es el prenuncio de acciones destinadas a poner límites efectivos a la discrecionalidad con la cual tiñe sus actos la autoridad presidencial?
En los casos excepcionales en que la Constitución autoriza al Ejecutivo a dictar decretos de necesidad y urgencia prevé que dentro de los diez días el jefe de Gabinete someterá la medida a la Comisión Bicameral Permanente, a fin de que produzca un despacho al respecto. Esa comisión debe integrarse, dice la Constitución, de acuerdo con la proporción de las representaciones políticas de cada cámara.
He ahí, pues, uno de los tantos escenarios propicios para la reconstitución de todo lo que han perdido de calidad en estos años de vorágine las principales instituciones de la Nación. Escenario ése de muy delicadas pruebas, porque podría ocurrir lo contrario, y convertirse en campo de batalla política que pusiera en serio peligro lo que queda, después de las mermas amañadas, del proceso de reconstrucción democrática que siguió a los años de dictadura militar. Queda formulado, pues, el llamado de atención necesario a los actores principales de la política nacional sobre el papel que les corresponde llenar en los años que restan hasta el fin del ciclo en desarrollo. Se requerirán dotes excepcionales para reencauzar una tarea de gobierno de la que se demanda el simple acatamiento de los preceptos constitucionales.
