El reelegido presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció recientemente que buscará normar a los medios de comunicación "para que no mientan". Consideró que lo mejor que pueden hacer es apoyar la educación y señaló que desea que los "periodistas y medios de comunicación entren en la tarea de lucha contra el capitalismo". Su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), tiene previsto aprobar, entre otras normas, la ley de comunicación e información, que prevé eliminar las declaraciones de fuentes en off the record (fuera de reportaje) y, por lo tanto, impedir que queden en secreto las fuentes de información.
Los periodistas y las organizaciones que los reúnen han reaccionado, como es natural, en rechazo de cualquier intento de limitar el derecho a la libertad de expresión. Las sociedades democráticas se rebelan ante cualquier intento que busque vulnerarlo, ya que es un derecho inalienable. La libertad de expresión no es un atributo de una entidad como, por ejemplo, una radio o un canal de televisión, sino de la sociedad, que así garantiza su necesidad de estar informada.
Sobre el particular, el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, Marco Antonio Dipp, señaló que cualquier regulación estatal del trabajo de los medios y los periodistas constituye un riesgo para la libertad de prensa y de expresión. Asimismo, solicitó que cualquier proyecto de ley sobre la materia sea consultado, difundido y debatido con las organizaciones de prensa.
La manera explícita con que el presidente Morales ha expresado su deseo de que los periodistas y los medios entren en la lucha contra el capitalismo es otro elemento que da a entender que el objetivo último de la legislación que se anuncia es crear las condiciones para que el periodismo pase a ser uno más de los instrumentos puestos al servicio del proyecto gubernamental.
Los afanes de acallar las voces disidentes y la aparente legitimidad que provocan los respaldos populares en las urnas son interpretados por los gobernantes como la potestad de hacer lo que quieran. Por eso amenazan con leyes cuyo supuesto interés en defender la verdad sirve de máscara para imponer el pensamiento único o lograr el silencio cómplice.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha dicho que la libertad de expresión en América latina "vive momentos difíciles". Su presidente, Enrique Santos, sostuvo que "en varios países vemos la misma sintomatología, un común denominador, que es el deterioro muy acelerado de las relaciones entre el gobierno y la prensa independiente".
Así como la libertad de expresión no puede ser usada como licencia para lesionar la honra y desvirtuar los hechos, tampoco es aceptable que el triunfo electoral y el control absoluto de un Estado terminen decidiendo lo que se puede informar o no, cuándo existe el delito de opinión y de qué manera puede silenciarse su capacidad de denuncia. Buscar regular o limitar esa libertad no es otra cosa que atentar contra ese derecho para acallar a los medios, pretender controlarlos y ponerlos al servicio del poder de turno. No se comprende o no se quiere comprender que una de las principales misiones del periodismo es fiscalizar a los órganos y funcionarios públicos.
Es de esperar que el gobierno del presidente Morales reconsidere la decisión de regular los medios de comunicación tal como ha sido anunciada, ya que ello comporta una evidente y peligrosa amenaza para la libertad de expresión y contradice los enunciados de la Constitución Política del Estado, así como los de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Interamericana sobre la Libertad de Expresión, de las cuales Bolivia es signataria.
