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jueves, 11 de marzo de 2010

abuso de la fuerza de seguridad, detenciones arbitrarias, violaciones a los DDHH en Bolivia. denuncia de EEUU


Agencias Internacionales. El Departamento de Estado de los Estados Unidos detectó indicios de violación de los derechos humanos en Bolivia, donde se produjo detenciones “arbitrarias”, amenaza a los derechos civiles, ataque del Ejecutivo al Poder Judicial, entre otras acciones “irregulares”, durante el gobierno de Evo Morales.

De acuerdo al informe anual de Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que fue presentada por Hillary Clinton, secretaria de Estado estadounidense, hubo problemas de respeto a los derechos humanos en Bolivia.

Según el documento indicado, aunque el Gobierno boliviano en general respetó los derechos humanos de sus ciudadanos, hubo problemas en algunas áreas como el caso del abuso de las fuerzas de seguridad.

“Los problemas de derechos humanos más significativos fueron: abusos por parte de fuerzas de seguridad; duras condiciones carcelarias; arrestos y detenciones arbitrarias; ataques contra el Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo; amenazas a las libertades civiles, incluyendo los derechos legales y la libertad de prensa; uso excesivo de la fuerza y otros abusos en conflictos internos; corrupción y falta de transparencia en el Gobierno; discriminación en razón de género, pertenencia étnica y orientación sexual; trata y tráfico de personas; trabajo infantil; trabajo forzado o bajo coacción; condiciones de trabajo deplorables en el sector minero”, indica el informe.

El documento señala que no hubo informes confirmados de que funcionarios del Gobierno hayan utilizado torturas y otros tratamientos y castigos crueles, inhumanos o denigrantes.

Pero “hubo varias denuncias de violencia ejercida por vigilantes actuando por cuenta propia que ocasionaron abusos extrajudiciales contra las personas, incluyendo informes específicos de golpizas y abusos infligidos por integrantes de las fuerzas de seguridad”, afirma.

Cita que el 26 de febrero, partidarios del MAS, el partido de gobierno de Morales, atacaron a Juan Choque Apaza, un activista indígena que protestaba contra el Ejecutivo, cuando un gran grupo de partidarios oficialistas cercaron el congreso.

“La ley prohibe el arresto y la detención arbitraria; sin embargo, hubo varios casos en que las fuerzas de seguridad aprehendieron y retuvieron a personas bajo circunstancias legalmente dudosas”, sostiene.

El 2 de junio, seis integrantes de un equipo de la policía obligaron a un líder de la oposición juvenil de Chuquisaca, Roberto Lenín Sandóval López a entrar a un automóvil y lo trasladaron a una instalación carcelaria en El Alto, cerca de La Paz.

El informe dice que “generalmente los arrestos fueron realizados abiertamente, pero hubo informes creíbles de arrestos y detenciones arbitrarias. Algunos familiares de sospechosos detenidos durante el estado de sitio en Pando, se quejaron de que la policía y autoridades de la prefectura negaron que se hubieran hecho detenciones, induciendo a las familias a sospechar que se habían tomado medidas extra legales hasta varios días después, cuando el Gobierno anunció las detenciones”.

En otra de las páginas del informe indica que la ley dispone la existencia de un Poder Judicial independiente, pero el Poder Judicial fue ampliamente considerado corrupto y “fue debilitado por la interferencia del Poder Ejecutivo”.

Mientras, las cárceles estuvieron atestadas y en malas condiciones. Hubo 7.778 reclusos (6.831 hombres y 947 mujeres) en instalaciones diseñadas para acomodar a 4.700 reclusos, de acuerdo al documento.

“Las autoridades gubernamentales controlaron con efectividad solamente el perímetro externo de seguridad de cada prisión. Dentro de los muros de las cárceles, los reclusos usualmente mantuvieron el control y pandillas dirigieron actividades criminales desde el interior de sus celdas”, afirma.