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domingo, 14 de marzo de 2010

el régimen va consolidando su maquinaria represiva, "la persecusión se perfecciona" titula la observación de El Dia, de la presión policial en S.C.

La persecución se perfecciona

Si Rubén Costas –a través de su ofrecimiento de negociar con el centralismo-, le dio el aval político a los métodos y procedimientos usados por el MAS para aniquilar a la oposición en Santa Cruz, el presidente de la Cainco, Eduardo Paz, le otorgó el consentimiento “jurídico”, ya que después de que fueron violados todos sus derechos y de que fue víctima de un secuestro abusivo e ilegal, salió de la Policía asegurando que su estancia de 15 horas en esa repartición y su declaración ante el fiscal Marcelo Soza, tuvo carácter “voluntario”.

ElNuevoDiaEditorial El Día

No se puede juzgar apresuradamente a un ser humano y menos cuando tiene que afrontar situaciones tan dramáticas como ésta. Hay que estar en los zapatos de Eduardo Paz para poder palpar lo que implica mirarse de frente con el más duro autoritarismo, pero es necesario de todas formas llamar la atención al pleno de la institucionalidad cruceña, porque no se puede seguir viendo con liviandad y excesiva tolerancia, cómo se agudiza y se perfecciona la persecución política contra personalidades e instituciones emblemáticas de la región.

El Estado de Derecho prácticamente ha desaparecido en Bolivia y caer en manos del régimen significa la negación de las garantías.

Es verdad que el Estado de Derecho prácticamente ha desaparecido de Bolivia y que caer en manos del régimen puede significar la negación de todas las garantías individuales, pero hay algo peor que eso y es la pérdida de dignidad, el condenarse a sí mismo a la humillación y el sojuzgamiento de toda una región tal vez para siempre. Lo menos que se puede hacer en este momento es conservar el derecho a la protesta pero lamentablemente ya se ven señales de flaqueza que hacen daño al conjunto de la sociedad y sus legítimas aspiraciones.

Toda una región en manos de un fiscal que viola las leyes, los procedimientos y que invade una jurisdicción arbitrariamente, protegido por la mano del Ministerio de Gobierno. Su respaldo es fuerte y sus métodos son inescrupulosos. Tiene licencia para secuestrar, amordazar y torturar a algunos, mientras que con otros se porta más suave y recibe el agradecimiento. Comentario aparte merece la actitud del candidato a alcalde Gary Prado, quien valientemente le ha dicho que sólo se trasladará a La Paz si lo arrestan y lo llevan esposado. Lastimosamente, este joven líder luce solitario en su lucha por el respeto a sus derechos.

Santa Cruz debe convertirse nuevamente en una barricada contra el atropello y la violación a los derechos humanos. La región no tiene por qué acomplejarse frente a los que usan la fuerza y la ilegalidad como armas para combatir el pluralismo político y la libertad. Ese grotesco espectáculo que brindaron policías, fiscales y agentes del Gobierno en el caso Eduardo Paz no debe hallar terreno fácil en Santa Cruz y menos afirmar que existe un consentimiento para que lo ejecuten. No hay que prestarse para que invada la cultura del miedo en la gente. El oficialismo debe comprender que tiene todo el derecho a ejecutar sus cambios, siempre y cuando respete a los ciudadanos que piensan diferente y busque con ellos el entendimiento y no su aniquilación. Santa Cruz posee todavía la fuerza y los instrumentos que le brinda la democracia para ejercer una resistencia pacífica y principista. Debe hacerlo antes de que este Gobierno cumpla su promesa de aplastar que ha hecho en reiteradas ocasiones.