Con absoluta claridad Los Tiempos le marca a la CNE su deber de legalidad o de traición a la democracia

Inmediatamente después de las elecciones generales de junio de 1989, hace 21 años, se produjo el más vergonzoso acto de manipulación de la voluntad de la ciudadanía que acababa de expresarse a través de las urnas, desde que en 1982 se restauró el sistema democrático de nuestro país. Los autores de tal fraude post electoral pasaron a la historia como “La Banda de los Cuatro” y sus nombres arrastran hasta hoy el oprobio de haber sido los últimos exponentes de unas cortes electorales deshonestas y corruptas.

Ahora, 21 años después, la historia puede repetirse. Esta vez no son cuatro sino tres los vocales de la Corte Nacional Electoral que tienen en sus manos la posibilidad de distorsionar gravemente la voluntad popular expresada a través de las urnas, al distribuir los escaños para las asambleas de cinco departamentos. Para ello pueden valerse, como sus antecesores de 1989, de maliciosas interpretaciones de la letra muerta de la ley aún a costa de violentar de manera flagrante su espíritu.

Pero, no son sólo connotaciones éticas las que están de por medio cuando de decidir la fórmula que se aplicará para distribuir escaños se trata. Son las consecuencias políticas las más graves, pues dependiendo del camino que se elija se llegará a resultados completamente diferentes. Uno, el de la arbitrariedad, conduce a la imposición en los cinco departamentos de asambleas donde impere de manera absoluta la voluntad de un solo partido, el MAS, sin que las fracciones de la oposición tengan razón de existir.

Otro, el que llevaría a que se mantenga viva la esencia de un sistema pluralista, en el que la representación proporcional de escaños sea fiel reflejo de la voluntad colectiva.

Desde el punto de vista legal, no hay lugar a dudas sobre cuál es el camino correcto. Es tan claro lo que la legislación vigente dice al respecto que sólo con mucha malicia se puede hacer torcidas interpretaciones. Y en efecto, es malicia en abundancia la que se deja entrever en la forma como arbitrariamente se introdujo sin fundamento legal alguno una tercera franja en las papeletas electorales, con lo que se dio pie al enorme embrollo del que la CNE no sabe cómo salir.

No se puede dejar de señalar, sin embargo, que esa acción no habría sido suficiente para lograr tanto estropicio si no hubiera ido acompañada de la ignorancia, negligencia e ineptitud de los diputados y senadores de la oposición, que dando una muestra más de la estulticia que los caracteriza dejaron pasar tan grave incongruencia cuando la Ley 002 que reglamentaba las elecciones de abril pasó por sus manos antes de ser aprobada.

Ahora, en medio de una institucionalidad electoral que se desmorona, la decisión final está sólo en manos de tres vocales de la CNE. Deben saber que están escribiendo la última página de una historia de 21 años y tendrán que decidir si lo hacen como los últimos exponentes de unas cortes dignas del aprecio y reconocimiento colectivo, o como los primeros de un sistema electoral sometido al partido de gobierno.