rememora las ocasiones en que Evo "dejó pasar, para dejar hacer" con dramáticos resultados de muerte y dolor. se viene otra?

El Estado prohibido

Editorial de El Dia. SC, Bolivia

Las luces rojas se habían encendido antes de que estalle el enfrentamiento de Huanuni que dejó 16 muertos en octubre de 2006. En el Gobierno sabían lo que iba a suceder pero no actuaron para evitarlo. En Cochabamba, en enero del 2007, un jefe policial trató de impedir la quema de la Prefectura y fue suspendido. En Sucre, la Policía se retiró de la ciudad no sin antes dejar abiertas las puertas de la cárcel para que el caos se apodere de la capital en noviembre del 2007, cuando se produjo la masacre de La Calancha. En Pando, en septiembre del 2008, militares y policías observaron “de palco” la cruenta batalla anunciada que se produjo en Porvenir, con un saldo aún no precisado de muertos. Esa misma semana, Santa Cruz fue sitiada por milicianos armados que provocaron zozobra en la población. El presidente Morales dio la orden desde Nueva York para que se suspenda el cerco, porque se veía mal que se mantenga un hecho así mientras él hablaba en la asamblea de la ONU. ¿Alguien puede negar que lo sucedido en el ingenio azucarero San Aurelio el sábado no forma parte de la misma serie?
El jueves pasado, la fiscal del distrito y ex diputada del MAS, Arminda Méndez, anunciaba oficialmente que el Estado haría suspensión de actividades en relación a los casos de loteamiento. Estableció que a partir de ese momento, invadir la propiedad privada no constituiría un delito, sino un problema entre privados. Horas después, la Policía departamental emitía un comunicado que dejaba en claro que no actuaría en ningún caso, mientras no reciba una orden específica de autoridad competente, lo que obviamente no incluye a la Prefectura. Ya lo dijo el presidente Morales, “con ellos no trabajamos” y eso se acata. A través del canal de televisión oficial, los cabecillas de la toma del ingenio San Aurelio agradecieron públicamente por el nuevo paradigma jurídico-político establecido por la fiscal y la Policía, que les daba el respaldo “para meterle nomás”.
Se ha destruido un ingenio azucarero en plena producción, lo que podría comprometer el abastecimiento de azúcar en el país. ¿Acaso importa? Eso sería un problema para un Gobierno que conduzca un Estado, preocupado por la búsqueda de armonías en la sociedad, pero no para un régimen que ha estado buscando cómo beneficiarse de la desagregación social, del caos, de la destrucción de todo ese tejido jurídico y social que constituye un Estado civilizado.
Lo mismo sucedió la semana pasada en San Cristóbal. Mientras los gobernantes hablaban de pollos y homosexuales, en la mina potosina los campesinos tumbaban uno a uno los vagones cargados de mineral. Eso podría haberle preocupado a una administración que espera atraer inversiones, incrementar los impuestos y fortalecer un aparato productivo. ¿Qué le puede importar a un régimen convencido de que es mejor fomentar la informalidad, la ilegalidad y la ausencia de Estado y que nacionaliza empresas sólo por efectos mediáticos?
El 4 de abril, el Gobierno recibió un mensaje de aquellos bolivianos a los que sí les interesa el Estado y sobre todo, vivir en un país con reglas e instituciones que las hagan cumplir. El MAS insiste en sus métodos y en un régimen donde el Estado está prohibido.

El MAS no quiere un formar un Estado compuesto de leyes e instituciones. Busca consolidarse a fuerza de hechos como el de San Aurelio.