Enjuiciamientos
Marcelo Rivero
No conforme con las incontables irregularidades que viene cometiendo desde que asumió el poder hace más de cuatro años, el Gobierno en los últimos días intensificó sus arremetidas contra cruceños que destacan en áreas diversas, argumentando complicidad en el caso de ‘terrorismo’ y ‘separatismo’, que en un año de pesquisas sólo ha mostrado imputaciones falsas y grotescos montajes. Es que en el fondo la intención es someter a la gente de Santa Cruz que es mayoritariamente desafecta al régimen y sacar del escenario a sus pocos líderes rescatables que se perfilan en el campo de la política o como continuadores de nuestros grandes dirigentes cívicos de un pasado heroico y no lejano.
Claro, la hegemonía tiene que ser total, por eso se actuó en Pando de manera brutal, primero con muertes, encarcelamientos y destierros; luego acarreando soldados y civiles -movilizaciones que le cuestan al Estado gastos millonarios-, para que vuelquen la voluntad popular, cosa que por fin están logrando aunque con escaso margen y con fraude incluido según se sabe. Por eso también se acarrea gente a Tarija y se arman peloteras en Beni porque, además, se debe disimular el duro traspié sufrido en la ciudad de La Paz, donde el nuevo alcalde será opositor.
Ahora en los distritos que el masismo salió perdidoso se le está buscando pelos a la leche y ahí están los ‘movimientos sociales’ prestos a dejar las cosas como conviene al centralismo. Se puede decir que corresponde el enjuiciamiento de vocales electorales que, si en justa investigación se demuestra que actuaron con desidia, deficiencia o parcializándose con determinadas agrupaciones políticas -no únicamente opositoras sino también oficialistas-, pues merecen las sanciones que prevé la norma.
Pero, ¿y lo de antes que supera lo inimaginable? ¿Quién indaga las arbitrariedades gubernamentales empezando por esa bufonada que fue la Asamblea Constituyente, continuando con el desconocimiento de las autonomías departamentales ganadas rotundamente por cuatro departamentos, siguiendo con la aprobación de una nueva Carta Magna discutida en un cuartel y sancionada en un oscuro cuarto entre gallos y medianoche? ¿Y el ‘revocatorio’ también fruto de sucia maniobra con ciertos parlamentarios por el cual, asimismo, fueron apartados de sus cargos los prefectos opositores de Cochabamba y La Paz? ¿Quién castiga a los que atropellan los derechos ciudadanos de los linchados, esos otros derechos de votar libremente y no como indica el cacique comunitario, a los que ultrajan a las personas, entre ellos los periodistas que cumplen su labor diaria? ¿Y quién nos libra de tanta coca que con el agrado del poder central abunda en mercados y caminos para solaz del narcotráfico, tanto así que la Policía no tiene respiro en su lucha contra este ilícito y funesto negocio?
Disculpe el lector este recuento desordenado y el hecho de que no quede espacio para anotar tantas otras irregularidades del Gobierno, que mira la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio y que está a todo aplicar la ley del embudo.
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