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lunes, 31 de mayo de 2010

Territorio libre. Zonas sin Ley. Ausencia de Estado. Abandono intolerable. Dominio de asesinos y bandidos. Uncía negación de Evo. Texto de El Día.

Nada más deplorable que la existencia de “zonas sin ley” en un país que proclama estar ejerciendo a plenitud el estado de derecho. Lo ocurrido en el norte de Potosí, y que ha tenido como protagonistas a los habitantes de las comunidades originarias de Uncía, pone en evidencia que la ausencia del Estado en esas regiones constituye una realidad palpable y dolorosa. La cobarde emboscada, subsiguiente tortura y cruel ajusticiamiento de efectivos policiales de Diprove en Uncía se erige en muestra inobjetable de una secuencia de comisión de delitos que no pueden quedar impunes bajo ningún tipo de argumento y menos de lo que se llama justicia comunitaria.
El solo hecho que la Policía Nacional y la propia Fiscalía se hayan visto impedidas no sólo de ingresar a Uncía a investigar los hechos delictivos y las causales, tareas de suyo ineludibles y elementales, sino de rescatar los cuerpos de las víctimas para entregarlos a sus familiares, -labor humanitaria y necesaria a la luz de la convivencia civilizada- pinta de cuerpo entero una situación dramática y preocupante. En nombre de las decisiones comunitarias se pretende pisotear de buenas a primeras el ordenamiento jurídico del país y establecer pautas de comportamiento inadmisibles e injustificables.
Si el Gobierno actúa presto y eficaz para restablecer no sólo el estado de derecho sino la propia presencia del Estado en Uncía, sobre la base de una Constitución que se supone fortalece la identidad originaria y regula sus actividades en el marco de la ley, habrá dado señales de su fortaleza ante situaciones que se salen de control. Pero si ese intento demora más de lo necesario o se muestra ineficaz, habrá de convenirse que las mismas fuerzas sociales que lo han encaramado en el poder son capaces de subvertir el orden de las cosas hasta el grado de la ingobernabilidad. Se habrá demostrado que el remedio está resultando peor que la enfermedad y que se han dado precedentes funestos para el país en su conjunto.
Por otra parte, se ha puesto al descubierto una vez más, que la institución del orden está siendo carcomida por una corrupción más grande de la que se había estimado. Lo sucedido en San Ramón, como hecho reciente, salta como evidencia y los sucesos de Uncía lo confirman. Los originarios de Uncía afirman que han ajusticiado a delincuentes disfrazados de policías que extorsionaban a los campesinos. También ha trascendido que el narcotráfico ha puesto su sello. Con todo, el panorama sigue siendo sombrío. Con efectivos policiales que no cumplen sus obligaciones y grupos delictivos actuando a sus anchas, parece lógico que las comunidades pretendan actuar por su cuenta. El Estado sigue ausente.
Uncía ha sido declarada en Cabildo de Ayllus comunitarios como territorio libre para el contrabando de vehículos indocumentados, lo que coloca a esta región en una situación todavía más grave. Ya no es sólo la trasgresión de la ley, que en teoría puede y debe sancionarse como corresponde, sino que se está impidiendo a la propia autoridad de la administración gubernamental a ejercer su potestad como señala el ordenamiento jurídico. En otras palabras, de lo que haga y deje de hacer el Gobierno, dependerá si Uncía y otros lugares, se conviertan en el inicio del desmadre ante la ausencia de un Estado vigoroso o, por el contrario sea el punto de inflexión donde el Estado de Derecho impone la fuerza de la ley como corresponde.

En nombre de las decisiones comunitarias se pretende pisotear el ordenamiento jurídico del país con pautas de conducta inadmisibles.