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miércoles, 2 de junio de 2010

Los Tiempos sale por los fueros de la Patria. Ve peligro en el involucramiento de las FFAA en la lucha antinarcóticos

Pese a los grandilocuentes anuncios sobre destrucción de fábricas de cocaína e incautaciones de droga, hay otros indicios que dan cuenta de que, aparentemente, el narcotráfico está desbordando al gobierno, si no lo ha hecho ya. Lo último al respecto es el discurso emitido por el Presidente del Estado ante el Comando de las Fuerzas Armadas planteándoles elaborar una estrategia de combate a este fenómeno, en medio de una serie de acontecimientos que involucran a algunos de los líderes de países vecinos, el empoderamiento de movimientos sociales que se van relacionando con actividades ilícitas y del arribo a Bolivia del Subecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos.

Habrá que partir de los peligros que conlleva que las organizaciones sociales se involucren en el control de la producción de coca, como sucede en el Chapare, y en el resguardo de actividades ilícitas, como está sucediendo en la región fronteriza con Chile, siendo el caso de Uncía una muestra horrorosa de esa realidad. En esa anomia estructural el poder del narcotráfico crece en forma imparable porque logra penetrar no sólo instituciones nacionales, sino también organizaciones populares. Así, no hay Estado que pueda resistir ese embate. Y seguramente el Presidente se ha dado cuenta de esa realidad, así como de su incapacidad de poner coto a ello por su origen y discurso políticos. De ahí que es necesario preparar el terreno para recurrir a medidas excepcionales.

Es, precisamente, una medida excepcional --y desesperada-- convocar a las Fuerzas Armadas a elaborar una estrategia de lucha contra las drogas. Además, es una medida muy peligrosa si nos atenemos a la experiencia que el país ha vivido en tiempos pasados –concretamente durante la dictadura de Luis García Meza Tejada--, cuando participaron en esta actividad. Al hacerlo, no sólo que no hubo ninguna efectividad en esa lucha, sino que el narcotráfico terminó de corroer la legitimidad de esta institución por la creciente corrupción de sus cuadros de mando y operativos. De ahí que una de las medidas principales en el comienzo de la etapa democrática de 1982 fue retirarlas de este campo.

También, se debe recordar que cuando en el marco del concepto de responsabilidad compartida en la producción, tráfico y consumo de drogas ilegales, pergeñado en el país cuando gobernaba Jaime Paz Zamora, lo máximo que el país admitió sobre la participación de las Fuerzas Armadas en este campo fue prestar apoyo a las unidades especializadas de la Policía. Hubo una resistencia frontal a una participación activa de la institución armada que era lo que, entonces, buscaba Estados Unidos (las sorpresas que da la vida...).

Teniendo en cuenta esas experiencias, bien haría el gobierno en consultar a gente entendida en el tema para elaborar una estrategia racional e integral de lucha contra el narcotráfico y no dejar este peligroso y complejo problema –que atrae, por lo demás, la atención externa-- a simples iniciativas individuales que, de aplicarse, no sólo que pueden agravar el problema como tal, sino conducir al país a situaciones de mayor conflictividad y deterioro institucional.