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martes, 20 de julio de 2010

El Presidente le debe una Explicación después de haber intentado justificar el golpe de julio de 1980. Los Tiempos se erige en defensor de la Justicia

Este 17 de julio, el Presidente del Estado, en el acto de homenaje a las víctimas de las dictaduras, particularmente la que en 1980 asoló al país, dijo que se ha dado cuenta “de que las decisiones que tomaron los ex comandantes no es porque ellos las querían así, sino porque estaban sometidos a una decisión política. Los políticos de entonces decidieron o el imperialismo norteamericano decidía qué es lo que tenían que hacer las Fuerzas Armadas”.

Proviniendo del primer mandatario, se trata de una exculpación a los mandos militares que ese 17 de julio, como a lo largo de nuestra historia, irrumpieron en la vida política instalando dictaduras castrenses que provocaron un daño profundo a la nación. Y, además, esta espontánea declaración explica, en el fondo, las razones por las que los actuales mandos militares se sienten libres de no acatar la instrucción judicial de proceder a desclasificar los documentos reservados que están en su poder y que permitirían, por un lado, conocer a cabalidad la operación del golpe de Estado del 17 de julio de 1980 y, por el otro lado, el destino de los desaparecidos entre ese cruento episodio –entre ellos, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Gualberto Vega, Carlos Flores– y la derrota de la dictadura en octubre de 1982.

Por tanto, bien hacen en reclamar los representantes de las organizaciones de familiares de los detenidos-desaparecidos y de defensa de los derechos humanos no alineadas con el oficialismo para que el Órgano Ejecutivo instruya a su mando militar entregar la documentación requerida. Más aún si, de acuerdo al criterio del primer mandatario, los comandantes de las Fuerzas Armadas son simples ejecutores de instrucciones provenientes del el ámbito político o el imperio, y a éstos para convencer a la ciudadanía de que sí fueron sólo dóciles instrumentos de fuerzas externas a ellas.

Sin embargo, cabe la esperanza de que el primer mandatario no haya sabido explicar con mayor precisión su pensamiento y su intención no haya sido la de exculpar a los comandantes en funciones que ejecutaron los golpes de Estado, sino que, más bien, pretendiera decir que no eran ellos, por sí, los únicos que estaban detrás de ellos.

Si este es el caso, bien haría el propio mandatario o sus colaboradores, por un lado, si explica mejor su posición y, por el otro y como condición sine que non, deja de tolerar la resistencia de los mandos militares a levantar la reserva sobre los “archivos de la dictadura”. En ese campo, es necesario que se den cuenta de que se trata de una obligación no sólo de sensibilidad humana, sino porque la desaparición es un delito de lesa humanidad.

En este sentido, corresponde reiterar que por sobre cualquier tipo de divergencia de orden político-ideológico, hay valores que en un Estado que se reclama democrático se debe respetar. Y así como la justicia defendió los derechos del entonces ciudadano Evo Morales cuando fue desaforado ilegalmente del Parlamento y le devolvió su curul con la correspondiente compensación, el primer mandatario debe extremar esfuerzos para que las leyes sirvan para la defensa de los derechos humanos de ayer, hoy y mañana. Si no, se puede predecir que los cambios que desde el poder se busca ejecutar habrán sido en vano.