A la cacería del poder total está lanzado Evo, ya sin disimulo alguno. sus opositores son cada vez más numeros especialmente dentro de sus masistas.ED

Como parte de una muy clara estrategia de concentración absoluta del poder, el Gobierno de Evo Morales quiere gobernaciones y alcaldías totalmente expurgadas de opositores. Que no quede huella de su presencia en aquellas reparticiones. Para ello sale de ‘cacería’ y con unos diligentes y empeñosos fiscales somete a dichas autoridades a un nutrido tiroteo procesal-penal que, día que pasa, aumentando de intensidad, amplía su número de blancos.
Uno de los casos más recientes y notorios es el de René Joaquino, alcalde de Potosí, elegido en el cargo por una amplia mayoría ciudadana. Casi a la par del burgomaestre potosino también fueron inhabilitados los alcaldes de Bermejo (Tarija) y Warnes. Porque están en la mira, una media docena más de autoridades ediles no oficialistas podría tener la misma suerte en los próximos días.
En suma, en estos momentos no hay en el país autoridad alguna que pueda sentirse segura en sus funciones si no es de la línea gobiernista, por más democrática y legítima que hubiese resultado su elección a través de una avalancha de votos.
A los alcaldes ya suspendidos se los acusa formalmente de manejos ilícitos de recursos y de otras irregularidades. Sí, formalmente. Es decir, en base a una simple sindicación sin el imprescindiblemente necesario acompañamiento de pruebas.
En los enrarecidos tiempos actuales, esto basta para que se suspenda del cargo a dichos funcionarios para después procesarlos. Antes no se podía proceder de tal manera sin previo auto de acusación de autoridad judicial competente, sobre la base de idóneas pruebas indiciarias y de un preliminar informe de la Contraloría General acerca de movimientos económicos, inversiones, gastos públicos y otros propios de una gestión.
Hábilmente, el régimen masista se hizo de una norma que le permitiera abreviar de forma drástica los procedimientos para sacar de las referidas funciones a sus opositores y reemplazarlos, en lo posible, por gente del oficialismo. Es lo que pretende ahora con el gobernador de Tarija, Mario Cossío, a quien un fiscal funcional al MAS de aquel departamento ya ha librado una acusación formal en contra de aquél por el presunto manejo ilícito de recursos regionales. Otros gobernadores a los que se busca acorralar con sendos procesos judiciales son los de Santa Cruz y Beni.
No vamos a defender a autoridades que posiblemente hayan cometido errores premeditados o no intencionales en su gestión. Si esto ocurrió nadie puede oponerse a que se les aplique la respectiva sanción, tanto administrativa como jurídico-penal. Lo que realmente es cuestionable a todas luces es el procedimiento y el objetivo que se persiguen desembozadamente.
El primero resulta totalmente arbitrario. En ningún país del mundo, incluso en los que registran los más bajos índices de desarrollo institucional, basta una simple sindicación para suspender de su cargo a un funcionario. Esta medida sólo corresponde cuando contra él pesa acusación fundamentada o sentencia ejecutoriada. Prevalece el principio constitucional de presunción de inocencia.
Entre nosotros, el Gobierno sepulta este valioso postulado y desconoce, de paso, la voluntad popular expresada en las urnas como es el caso de los alcaldes que resultaron electos en los últimos comicios y que ahora han sido suspendidos irregularmente de sus funciones. Si así lo hace, es por causas puramente políticas, referibles a su ya incontrolable propensión a tener todo el poder en regiones y jurisdicciones municipales de todo el país. No hay dónde perderse…