El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, ha sostenido que la condena de dos años y ocho meses de cárcel para el ex presidente Jorge Quiroga, por lesionar moralmente a un banco, no es razonablemente aceptable. Esa declaración, conectada a su esperanza de que la sentencia sea revisada para estar de acuerdo con el Sistema Interamericano, constituye una de las más duras críticas a la justicia boliviana, pero también al Gobierno.
El que cualquier persona sea condenada a prisión por injuriar o calumniar a una persona jurídica es una aberración inaceptable. Este tipo de acciones que atentan contra la razón y la justicia sólo puede producirse bajo un Gobierno intolerante que, además, alienta esta clase de irregularidades legales y demuestra que ha desaparecido la independencia de poderes, esencial para la democracia.
Se ha visto con sorpresa cómo el Gobierno, a través del segundo hombre del país, hizo causa común con un banco al que no se cansó de asegurar que era privado, aunque el Estado tenga más del 80 por ciento de las acciones. Con este criterio, deberíamos convenir entonces con que ninguna de las empresas petroleras “nacionalizadas” pertenece al Estado, porque en cada una de ellas el Estado tiene mayorías accionarias muy pequeñas.
Son actitudes como ésta, en la que se desnudan influencias indebidas, presiones políticas, violaciones a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, las que generan un daño significativo, no sólo interno, sino internacional, a la imagen del régimen gobernante y del país.
No pasa inadvertida para la comunidad internacional que el Gobierno boliviano incurra en acciones que van contra principios básicos de la sociedad establecidos y reconocidos como sagrados e intocables en el mundo democrático. Están las persecuciones implacables a opositores políticos mediante la aplicación de una irracional “ley corta” dirigida a alcaldes y gobernadores de la oposición. Con ello, no sólo se busca pulverizar a los adversarios políticos, sino eliminar cualquier obstáculo en su marcha hacia el objetivo final de controlar totalmente el poder.
La difamación y la calumnia se han convertido en los mejores pretextos, por muy subjetivos que sean, para aplicarlos contra cualquiera que muestre su desacuerdo con el Gobierno, aunque no sea necesariamente opositor.
La aprobación de leyes, como la de Régimen Electoral o la del racismo, en proceso de aprobación, constituyen flagrantes violaciones a la libertad de expresión porque contravienen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el sistema jurídico interamericano y los principios de la libertad de expresión. Ambas son una aplicación antidemocrática de la censura previa desterrada del mundo civilizado.
El Gobierno debe entender que por este camino de irrespetos, su popularidad y todas las simpatías que despertó, y que ya empezaron a caer, entrarán en un tobogán, no sólo dentro, sino fuera del país. Pero, además, sobre todo debe reflexionar en torno al daño enorme que se le está haciendo al país y a la democracia, de la que se considera un baluarte.
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