La impertinente intervención del vicepresidente del Estado y del ministro de Economía y Finanzas en el improcedente ataque de la Contraloría General de la República al alcalde de La Paz es una muestra más de la voracidad de poder que tienen las actuales autoridades que no respetan dignidad personal ni procedimiento alguno para defenestrar a quienes consideran sus enemigos políticos.
Está claro que la derrota del MAS en la sede de Gobierno en las elecciones regionales de abril pasado constituyó una seria afrenta al partido y a su líder, y desde que se conoció la voluntad ciudadana, éstos no han parado de agredir a sus otrora leales aliados políticos.
Tan es así, que tanto la acusación esgrimida por el Contralor interno como los argumentos difundidos por las autoridades mencionadas no tienen hasta ahora sustento legal alguno. Más bien, lo que buscan –con total mala fe– es confundir a la ciudadanía.
Pero, más allá de la impotencia que seguramente deben sentir el alcalde paceño y su predecesor por la indefensión en que se encuentran, lo cierto es que los circunstanciales inquilinos del Palacio de Gobierno olvidan que han sido, entre otras causas, este tipo de actuaciones –aunque con mucha menor prepotencia– las que condujeren al viejo sistema político a su descalabro.
Y olvidan, también, que buena parte del respaldo que obtuvieron en las urnas fue, precisamente, para erradicar esas prácticas que actualmente están vigentes con más fuerza y descaro.
Ojalá que la racionalidad se apodere de los actuales conductores y el mareo de poder se calme. Sólo así podrá tener sostenibilidad el proyecto de cambio que alguna vez parecía que ofrecieron.
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