Lamentablemente el debate sobre el proyecto de ley contra el racismo y toda forma de discriminación se está reduciendo, por un lado, a que si los artículos 6 (parágrafo III) y 24, que incorpora al Código Penal las transgresiones a la norma desde los medios son conculcadores o no de la libertad de opinión y expresión, y, por el otro, a descalificar al que piensa distinto. Por esa degradación del debate, la ciudadanía, como siempre, es la que por lo general sin conocimiento suficiente de causa apoya o se opone a la propuesta.
Que en Bolivia hay racismo nadie puede negar. Lo que sí está en duda es que este sentimiento atávico se pueda superar mediante acciones punitivas, porque se trata, precisamente, de sentimientos que ninguna ley puede evitar. La sanción podrá limitar la expresión de aquél, pero no necesariamente lo erradicará.
Por ello, en sociedades democráticas y avanzadas se ha puesto énfasis en la educación. Además, la educación no sólo entendida como el proceso formativo en el que los principios/valores del respeto al otro priman, sino como el espacio público en el que los diferentes comparten su vida en forma cotidiana. Y en cuanto a las expresiones ofensivas al otro están las normas que regulan la pacífica convivencia.
Es decir, el desafío es construir una sociedad democrática y con justicia social o un sistema autoritario en el que tengamos que decir que pensamos igual que sus conductores... Por ello, lo importante sería reconducir el debate sobre el problema de fondo y no para aprovecharse de él para controlar los medios y las opiniones.
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