En lugar de revalorizar "lo indígena", este Gobierno que se hace llamar “indigenista” está buscando el efecto contrario. El presidente Morales siempre se ha sentido discriminado cuando lo critican y por eso su régimen ha ideado una ley, cuya finalidad principal no es eliminar el racismo en Bolivia, sino mantener callados a los medios de comunicación.
Desde un principio se habló de aquella estúpida idea llamada “discriminación positiva” consistente en poner a los indígenas –por siglos marginados y excluidos- por encima de los mestizos, con derechos especiales y representación política sobredimensionada, en lugar de haberlos colocado en la dimensión de ciudadanos plenamente reconocidos por las leyes y con situación de igualdad respecto a los demás.
Con ese criterio fue que, por ejemplo, nombraron un indígena como presidente de YPFB por el solo hecho de su condición racial y el pobre sujeto, anduvo durante toda su gestión colgado de los camiones repartiendo garrafas porque no sabía hacer otra cosa en el campo de los hidrocarburos. En esa misma línea asumió un profesor rural en la petrolera y ya todos conocemos el triste desenlace que tuvo. Pero según el Gobierno, criticar a esos funcionarios, a esos ciudadanos, es discriminar.
El propio Gobierno ha podido constatar las consecuencias de elaborar leyes racistas, tal como sucedió con la Constitución que les otorgaba a los indígenas plenos poderes para decidir sobre los recursos naturales, constituir gobiernos autónomos de un plumazo y aplicar sus propias leyes. En primer lugar, el mismo régimen se sintió ahogado por las limitaciones de algunos grupos sobre las inversiones petroleras y en segundo lugar, ahí están los ayllus potosinos, defendiendo el contrabando, corriendo de sus tierras a policías y fiscales para evitar que se investigue un grave delito.
Los indígenas constituyen un grave problema social para el país. Es el sector con menos acceso a la educación, a la salud y los servicios básicos. Son los que más mueren por enfermedades prevenibles, los que sufren desnutrición y a pesar de que el Gobierno del MAS se llena la boca a su nombre, los originarios siguen siendo discriminados y su situación social no ha cambiado en lo más mínimo.
A nombre de los indígenas ahora se pretende dotar al régimen de la herramienta perfecta para judicializar a los periodistas y llevarlos a la cárcel, cosa que ha ocurrido con dirigentes opositores, jueces, autoridades elegidas por voto popular y también legisladores. Todos los derechos que supuestamente el Gobierno pretende garantizar con la nueva ley están contemplados en la estructura jurídica vigente y la nueva norma es simplemente un instrumento para perfeccionar la persecución política y acabar con la libertad de expresión en Bolivia.
Los indígenas bolivianos no necesitan más leyes para “vivir bien”. El racismo no se va a acabar estableciendo estratos privilegiados, que lógicamente van a generar insatisfacción es otros sectores. En cambio, eliminar la libertad de prensa y expresión, será sin duda alguna, el peor error que pueda cometer este régimen, que de esa manera se encaminará indefectiblemente hacia una dictadura.
A nombre de los indígenas se pretende dotar al régimen del material perfecto para judicializar a los periodistas y llevarlos a la cárcel.
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