Con el informe de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores ratificando en su totalidad el contenido del polémico proyecto de ley contra toda forma de discriminación, se ha dado un paso más en el proceso de aprobación de un instrumento que, tal como está redactado, más que para cumplir su objetivo servirá para intentar controlar a los medios de comunicación y generar un cuadro de temor que haga posible incluso la autocensura.
Hasta esta instancia, de nada han valido los esfuerzos desplegados por los dirigentes de las principales gremios en que están organizados los actores de la comunicación social para convencer a las autoridades del Órgano Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa de que una norma que busca eliminar toda forma de discriminación no debe ser aprovechada por quienes circunstancialmente ejercen el poder para controlar a los medios de comunicación, objetivo siempre preciado por éstos. Incluso, hasta ayer en la tarde se seguía proponiendo a los actores políticos incluir precisiones mínimas que garanticen el buen desempeño del trabajo informativo.
¿Cuál es el interés en preservar las libertades de opinión, expresión e información? Las autoridades de gobierno e incluso comunicadores afines a éste tratan de confundir a la ciudadanía diciendo que esta defensa sólo persigue objetivos particulares.
Sin negar que tenemos todo el derecho de hacerlo, lo cierto es que a estas alturas de la historia (del país y el mundo) y luego de vivir y conocer procesos en los que bajo la retórica más altruista se intentó dominar a los medios y a los periodistas, se puede afirmar sin temor a error que en todas esas experiencias el resultado ha sido defender al poder político en funciones, en desmedro del interés ciudadano por contar con una correcta información y una libre opinión.
No hay que olvidar que lo que legitima el trabajo informativo es que éste debe servir a la ciudadanía en su vida cotidiana bajo la premisa de que sólo bien informado ésta puede adoptar correctas decisiones. En la medida en que se manipule la información a favor del poderoso de turno y se censure la opinión, quien resulta más afectado es el ciudadano que sólo tiene a los medios de comunicación para conocer lo que pasa más allá de su personal rutina.
Pero, como se trata de una misión tan delicada es que el periodismo tiene dos mecanismos de control. Uno, el legal, la Ley de Imprenta y, el otro, de autorregulación, los de tribunales de ética. La importancia de estos dos mecanismos es que evitan que la influencia del poder –tan presente en la justicia y el Ministerio Público– haga silenciar aquello que se quiere develar dando pie al arbitrio y la prepotencia, que es lo que finalmente se persigue con el proyecto de ley que se rechaza.
Por esas razones se justifica la decisión de los gremios del periodismo de no arriar la defensa de los principios inherentes a las libertades de información, expresión y opinión y nuestro convencimiento de que “"NO HAY DEMOCRACIA SIN LIBERTAD DE EXPRESIÓN". Con ese horizonte, los periódicos afiliados a la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) hemos decidido imprimir “en blanco” nuestra portada de la fecha.
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