Finalmente se ha aprobado y promulgado la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación conforme a la voluntad del presidente del Estado y contra del criterio de amplios sectores de la población, entre los que se encuentran también simpatizantes al Gobierno del MAS y el proceso que éste lidera.
Es que desde diversos enfoques se trata de una norma que aprovechando un propósito altruista, como es la lucha contra toda forma de discriminación, el poder político impone algunas cláusulas punitivas para ir desbrozando de críticas y disensos su búsqueda del poder total. Así de simple y tenebroso.
En este sentido, sí cabe hacer una aclaración respecto a la oposición que los gremios han hecho a esta malhadada ley. Es evidente que ésta va a obstaculizar seriamente nuestro trabajo de información y el de opinión, pero –y aquí está la cave del asunto– el mayor afectado por que se obstaculice el buen desempeño de nuestra labor es la ciudadanía a la que se le quiere privar de información seria y de una opinión libre que le ayude a adoptar decisiones.
En este sentido, conviene recordar que han sido varios los intentos del poder político –desde la recuperación de la democracia en 1982– por hacer lo que el primer mandatario ha hecho la mañana de ayer: transferir el procesamiento de presuntos delitos de información al Código Penal e intentar sancionar a los medios y periodistas que no le sean de su agrado –o de cualquier autoridad– en forma sumaria. Incluso han utilizado, para intentar dividir al gremio, ofrecer que si se cierra un medio por acusación de racismo o discriminación, éste pasaría a la organización sindical respectiva ofreciendo además créditos para poder funcionar.
Pero, salvo un dirigente de la federación de La Paz, quienes conducen los principales gremios del sector, no ha caído en esa tentación porque, precisamente, ésta abona la previsión de que lo que quieren las autoridades es aumentar su control sobre los medios y no así luchas contra la discriminación, que es el objetivo de quienes han impulsado la elaboración de la norma que hasta que llegó a manos del oficialismo no contenía ningún artículo que vulnerara la libertad de expresión y opinión.
Además, la ciudadanía debería estar consciente de que esta nueva ley es una convocatoria a la delación, el arbitrio y la venganza. Son tan amplias las definiciones sobre los temas que trata así como la tipificación de los delitos que quiere sancionar que incluso rencillas personales pueden ser elevadas a delitos y, en función del poder del denunciante, procederse a la sanción del denunciado sin mayor trámite. De ahí que, como ha señalado un excelente radialista como es el director de Radio Fides la mañana del viernes, con la aprobación de esta ley deberemos “caminar con el testamento bajo el brazo”.
Por ello, quienes creemos que sólo la democracia y la libertad permiten, junto con el trabajo y la educación, el desarrollo de los pueblos estamos de duelo por la promulgación de esta ley.
Sin embargo, como han señalado nuestras organizaciones gremiales, seguiremos resistiendo esta norma en los marcos que establecen la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales sobre el tema y que el Estado ha suscrito. (Editorial oportuno y valiente de Los Tiempos, Cochabamba)
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