Ni la ya cercana celebración de las fiestas navideñas que sugieren paz y amor y mueve a limpiar de perversidades los corazones humanos, parece atemperar el clima de confrontación que se ha vuelto una constante desde la llegada, particularmente, de los actuales detentadores del poder. Los densos y oscuros nubarrones están lejos de disiparse en este nuestro país porque es el propio Gobierno el que actúa como fogonero infatigable de la conflictividad, a contrapelo de la frecuente proclama del propio jefe de Estado sobre la ‘cultura del diálogo’ que es lo que menos se ejercita en estos azarosos tiempos.
Y como de la tal ‘cultura del diálogo’ no se observan ni trazos, pues no hay día sin que dejen de escucharse los mensajes de la discordia que tienen a los bolivianos con el semblante avinagrado y los dientes apretados porque la tensión es permanente y a la vez muy natural.
Cuando no con el ‘imperio’ del norte dizque perverso, abusivo todopoderoso y gratuito causante de todas nuestras desventuras habidas y por haber, ahora el agresivo y punzante contrapunteo gubernamental es con la Iglesia católica, por el hecho de que uno de sus principales voceros alertó sobre la incursión de menores de edad en el expendio de drogas en la zona de Chapare, enclave del narcotráfico que está en plena ebullición a lo largo y ancho de la geografía nacional. Las declaraciones del jerarca eclesial provocaron incluso un ultimátum de 48 horas lanzado por los cocaleros chapareños para que se retracte. Si no lo hace, podría correr el riesgo de ser expulsado del país, los recursos lícitos o ilícitos no han sido aún precisados. Sobre el escabroso tema, el propio comandante nacional de la Policía admitió la participación de menores de edad en el tráfico de drogas en la región chapareña.
Por otra parte, crece el descontento en las regiones donde la judicialización de la política se ha convertido en la más eficaz arma del oficialismo para eliminar a sus oponentes en su avance hacia la concentración total del poder, pisando y pasando por encima de la voluntad ciudadana expresada en el voto por autoridades departamentales, entre alcaldes y gobernadores cuando no defenestrados, víctimas de una sañuda persecución con decenas de procesos levantados en su contra por diligentes fiscales y dudosos administradores de justicia.
Percibiéndose bajo estas características la situación dominante en las relaciones gobierno-pueblo, ¿acaso queda espacio para un sostenido y efectivo diálogo? Diálogo que, de todas maneras, así se diera abundante y sonoro, nunca llegará a buen fin mientras una de las partes, -ya se sabe cual- se crea y se sienta dueña de las verdades absolutas.
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