El Poder Judicial de Bolivia cumple hoy el mismo rol de los “escuadrones de la muerte” durante los duros años de las dictaduras latinoamericanas. La actuación de jueces y fiscales es lamentable y vergonzosa. Constituye la mejor expresión del deterioro del sistema democrático de Bolivia.
El Gobierno no tiene reparos en admitir públicamente que tiene el control absoluto de los tribunales de justicia del país y que los usa para destruir a sus enemigos políticos. Ya no se trata de unos cuantos juzgados de la ciudad de La Paz, pues desde que el presidente Morales comenzó a designar a dedo a los magistrados de la Corte Suprema y el Ministerio de Justicia hizo su trabajo en las cortes distritales para sacar a empellones a los vocales que no comulgaban con el régimen, todo el sistema judicial se ha puesto a órdenes del control político del Estado Plurinacional y de la persecución que se está ejecutando contra líderes opositores y autoridades legalmente elegidas por el voto popular.
Montado en su legitimidad y en la popularidad de tinte caudillista de Evo Morales, este Gobierno está convencido que puede aplicar sin ningún límite la premisa absolutista que expresó el Primer Mandatario cuando afirmó que no le importa la legalidad y que todo lo que él hace puede ser legalizado por sus abogados. Bajo ese concepto tiene tomado todo el sistema republicano y se ha quedado absolutamente libre de cualquier control y contrapeso que sea capaz de garantizar un mínimo de equilibrio. El Estado de Derecho ha sufrido tanto deterioro, que ya no sorprende que cotidianamente se produzcan golpes de estado en municipios del país, mientras se preparan otros similares en las gobernaciones. La orden de prisión para el derrocado alcalde de Sucre, Jaime Barrón y la sentencia contra René Joaquino son actos de revanchismo político que ejecutan jueces a nombre de un régimen que ha perdido todo atisbo de decoro.
El MAS no termina de estructurar un Estado que de a poco se irá quitando la máscara democrática, no porque no le haga falta, sino porque al ritmo que marcha el abuso, acompañado de corrupción y ausencia de gestión, será prácticamente imposible mantener el nivel de votación que le ha servido a Evo Morales para ratificar una y otra vez su liderazgo. La declaratoria de los militares que le juraron lealtad al proceso de cambio, al socialismo y al antiimperialismo no deja de ser un gesto preparatorio del próximo paso que deberá dar el régimen para asegurarse la perpetuación en el poder. El pronunciamiento del Ejército ha sido una réplica de lo que se dio en Venezuela, donde un jefe castrense anticipó un golpe de Estado si es que Chávez fuera derrotado en las urnas y la oposición se hiciera cargo del país, donde el chavismo ha sido vencido ya en dos ocasiones, lo que anticipa una pronta salida del caudillo.
A eso se refiere la Iglesia católica cuando afirma que la democracia está en peligro en el país y cuando el líder de la OEA, José Miguel Insulza, desliza la misma advertencia en medio de un sinnúmero de lisonjas y alabanzas. Hace poco la Alta Comisionada de la ONU, para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, puso un énfasis especial en el cumplimiento de las leyes. No basta con redactarlas con buenas intenciones, hay que aplicarlas y en eso Bolivia no ha cambiado.
Todo el sistema judicial se ha puesto a órdenes del control político del Estado Plurinacional y de la persecución que se está ejecutando.
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