Los ideólogos de la “revolución”, siguiendo fielmente las recetas de sus mentores históricos, están convencidos de que para que el “proceso” se consolide, además de la construcción de la nueva institucionalización estatal que la Asamblea lleva adelante levantando las manos con docilidad y rapidez cada vez que reciben leyes pensadas, redactadas y cerradas desde la jefatura del Gobierno, es indispensable “depurar y limpiar” nuestra sociedad de la “escoria neoliberal”. Los cálculos de cuántas personas representan ese lastre varían, los más creen que sacándose de encima entre 3.000 y 4.000 compatriotas que son un obstáculo para la construcción de este espantoso “monólogo del cambio”, es suficiente. Dado que no estamos en 1952 ni en 1971, hay un método con dos posibles resultados: la persecución judicial que trae como consecuencia, la salida del país de los perseguidos o la cárcel. Cualquiera de los dos es bueno para el sistema porque se saca de encima a quienes ponen en cuestión lo que se está haciendo y sobre todo cómo se está haciendo.
Para encarar este tema no hay pasión mayor que la pasión por la libertad y es por la pasión por la libertad que se debe denunciar ante los bolivianos y ante aquellas personas de bien de fuera del país, que estamos viviendo el explícito camino del autoritarismo más descarnado. No es una dictadura porque formalmente el voto popular masivo llevó a la presidencia a quien nos gobierna, ese mismo voto que el jefe de Estado, el jefe de Gobierno y sus seguidores desprecian, niegan y envilecen con las acciones de “suspensión” de autoridades electas por el voto popular (un gobernador, dos alcaldes de capitales y seis alcaldes de otras ciudades, por ahora).
Hemos llegado además al grado de la sofisticación desafiante de los poderosos cuando dicen sin ruborizarse que “no tienen nada que ver con lo que ocurre”, que se trata de “decisiones independientes que toma el Poder Judicial”.
Todos sabemos que eso no es verdad. Hay que decirlo en voz alta. ¿Por qué? Para que sepan que ni hemos perdido la razón, ni la fe en la democracia, ni la certeza de que nos mienten. ¿Es poco? No. Es mucho. Es la defensa de nuestra dignidad como personas y fortalece nuestras conciencias.
Lo he escrito y lo vuelvo a escribir. Los poderosos de hoy nos quieren rendir por el miedo, quieren arrodillarnos con su implacable poder. Quieren demostrarnos que ni los pedidos tardíos y tímidos de la comunidad internacional, ni las protestas de los medios, ni la también moderada y extemporánea toma de posición de la Iglesia Católica, ni nada los detendrá. Tienen una maquinaria internacional muy bien aceitada que los respalda y casi medio país que, seducido por el simbolismo y las propuestas de un cambio necesario y bueno, pero que se está dilapidando de un modo terrible, sigue siendo una base popular muy poderosa que cohonesta, sin percibir la gravedad de lo que eso representa (por la manipulación terrible que el Gobierno hace de la verdad), la vulneración sistemática de valores democráticos esenciales.
El debate, una vez más, está mal planteado. No puede un ex aliado del Gobierno pretender que la legalidad se recupera eligiendo a nuevas autoridades que sustituyan a las que el Gobierno, a través del Poder Judicial que controla a discreción, suspende a mansalva. No puede ningún editorial pretender que la suspensión de una autoridad electa con la sola acusación formal del fiscal (cualquier fiscal, añado)… “se aprobó siguiendo todos los pasos que manda la Constitución”. Éste es el meollo del problema. No es verdad que todo aquello que aprueba la Asamblea es constitucional por el solo hecho de seguir pasos procedimentales correctos. El artículo de la Ley de Autonomías sobre la suspensión es inconstitucional porque viola, atenta y niega el sagrado valor supremo de la democracia: el voto popular. Nada está por encima de ese valor. Una autoridad electa sólo puede ser separada del cargo mediante su destitución, y ésta sólo puede darse cuando se condena (sentencia ejecutoriada mediante) a la autoridad cuestionada, o, por supuesto, si se aplicara la revocatoria de mandato por voto popular. ¿Es tan difícil darse cuenta de que el país debe luchar para eliminar esta aberración jurídica de la mencionada ley?
Y, otra vez, la Asamblea también vulneró la Constitución al otorgarle al Presidente la facultad de nombrar a dedo autoridades del Poder Judicial rompiendo la independencia y el equilibrio de poderes. Ambas normas son un atentado contra la democracia, una afirmación de autoritarismo y podrían ser perfectamente interpretadas como un golpe de estado de dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, contra el Poder Judicial.
Si seguimos sin entender que la única lucha democrática posible es aquella que se hace en cuestiones de fondo y no en el terreno al que nos lleva siempre el Gobierno, perderemos irremediablemente la libertad. Nadie parece asumir que los individuos perseguidos sin tregua no nos salvaremos con defensas personales. El egoísmo, la mezquindad y eventualmente la cobardía, no nos llevarán a otro destino que al desastre individual y al silencio colectivo de una sociedad castrada. Parece, sin embargo, que sólo cuando todo haya sido demolido, nos daremos cuenta de que sí, que esto iba contra nosotros, contra todos, contra la libertad, en definitiva.
El gran poeta Juan Gelmán escribió:
“Hay que aprender a resistir
Ni a irse ni a quedarse
a Resistir
Aunque es seguro
que habrá más penas y olvido”.
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