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lunes, 20 de diciembre de 2010

nos recuerda El Deber cómo Santa Cruz es el blanco del odio de Evo Morales y cómo no ha dejado de injuriarla, asecharla, usando un pretexto para ello

El uso de la psicología en los conflictos viene desde la antigüedad. Se remonta al renombrado pensador chino Sun Tsu, citado siempre en las modas estratégicas de turno. Actualmente se han sofisticado las modalidades de la guerra psicológica, o sea, la forma de enquistarse en la mente del oponente y doblegar su ánimo. Se persigue debilitar al adversario por el temor directo o mediante tácticas intimidatorias orientadas a destruir su moral y aniquilar su voluntad. El objetivo: lograr que el enemigo ya no crea posible la resistencia o, mejor aún, que ni siquiera desee resistir.
Sun Tsu reconoció hace ya muchísimos años el uso de la guerra psicológica como factor multiplicador de fuerzas. Capturar al enemigo es mejor que destruirlo y vencer sin combatir es la excelencia suprema. Un enemigo acorralado, vencido moralmente y con la mente en blanco, es mejor que un contrincante muerto o activo. Políticamente, además, es mucho más útil. Algo así ha venido sucediendo en Santa Cruz de la Sierra a partir de aquella aún misteriosa madrugada del 16 abril del 2009 que ocasionó la violenta muerte de Eduardo Rózsa y varios de sus seguidores. Desde ese momento se desató sobre el pueblo oriental una implacable cacería de brujas alimentada por el uso de los elementos más primarios de la guerra psicológica. Como resultado de ello se produjeron varios exilios, tomas arbitrarias de prisioneros, falta de respeto a las jurisdicciones locales, etc. Todo este implacable escenario montado por el fiscal Marcelo Soza -con la obvia complacencia y apoyo gubernamental- culmina ahora nada menos que con 39 acusaciones formales. De un total de 110 personas que fueron convocadas para declarar ante el Fiscal Soza, 39 fueron acusadas por terrorismo y alzamiento armado, otras 10 fueron sobreseídas y 61 fueron exoneradas. Este es el balance prenavideño presentado a la fecha sobre este bullado caso de “terrorismo y separatismo”. En el grupo de los acusados están los detenidos, los que tienen medidas sustitutivas y los que fugaron del país. En la lista se encuentran diversas personalidades civiles e inclusive dos venerables jefes militares ya retirados.
El caso seguirá y habrá que demostrar lo que se acusa. Mientras tanto, más allá de todo lo que se opine, permanece en absoluto la presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario. Veremos qué sucede. En todo caso, éste ha sido un golpe casi mortal para una parte de la dirigencia cruceña que, está visto, no estuvo a la altura de las circunstancias y no supo defender lo suyo: el respeto a la autonomía en un contexto democrático. La auténtica autonomía está vulnerada ahora, aunque formalmente desde el centralismo se diga que no es así. Al mismo tiempo, la dirigencia quedó prácticamente aniquilada.
Resta esperar que el futuro le brinde a Santa Cruz liderazgos con mayor visión estratégica para el porvenir, siempre en el ámbito de un sano bolivianismo que a su vez no reniegue del concepto regional, válido aquí y en cualquier parte del mundo. Mientras, el fiscal Soza seguirá su controvertida tarea. Esperemos que ella se apegue a la ley, sin más arbitrariedades ni abusos. El mal ya está hecho, el derrumbe psicológico se produjo por no haberlo sabido enfrentar adecuadamente. Ahora cabe esperar el surgimiento de nuevos líderes locales aptos para enfrentar -con visión de largo alcance- diversas situaciones futuras, siempre con sentido de unidad nacional y en el marco de una verdadera autonomía consagrada por la voluntad popular.