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miércoles, 16 de febrero de 2011

carestía de azúcar, aceite, arroz y soya puede provocar serios problemas. LT pregunta si se está yendo "hacia el colapso social?"

En el país hemos vivido ya situaciones similares que a lo único que han conducido ha sido a enfrentamientos innecesarios

Estamos viviendo –así las autoridades quieran tapar el sol con un dedo– las consecuencias de las desacertadas políticas agropecuarias impulsadas por el Gobierno y de la irresponsable elevación y posterior abrogación del incremento del precio de los carburantes.

Por las primeras, y bajo el argumento ideológico de atacar a la oligarquía cruceña, se ha provocado serios desajustes en la producción de productos básicos como azúcar, aceite, arroz y soya, que no sólo aportan a la alimentación humana, sino que tienen directa relación con la pecuaria. De esa manera, no sólo se han dañado intereses empresariales del oriente del país, sino también a pequeños y medianos agricultores y productores de animales y alimentos en general. Si a eso se suma el fenómeno climático, el resultado es lo que ahora estamos viviendo.

A fines del año pasado, el Gobierno, rompiendo la lógica político-ideológica que lo sustenta, dispuso un radical incremento en los precios de los carburantes que, por las reacciones que desencadenó, en menos de una semana tuvo que anular. Pero los efectos inflacionarios del mismo no han sido controlados y ha habido aumento general de precios así como creciente escasez de productos.

Sin ningún sentido autocrítico y desoyendo la racionalidad y, sobre todo la experiencia, las autoridades dispusieron competir en la distribución de alimentos a la población a través de Insumos Bolivia y la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), con resultados negativos no sólo por la incapacidad para realizar improvisamente esa labor, sino por la corruptela que se ha generado.

Ahora, lanzada la bola de nieve, las autoridades han optado por una nueva actitud: desentenderse de las demandas y provocar el enfrentamiento entre ciudadanos. Así, la decisión de la empresa lechera de no incrementar el monto que paga por litro a los productores para no incrementar el precio al consumidor de los productos lácteos básicos genera el enfrentamiento de éstos con los empresarios, al punto que los productores de leche han pedido el 50 por ciento de las acciones de la Planta Industrializadora de Leche (PIL) Andina, como si de la estructura accionaria se tratara el problema.

A su vez, los transportistas –amparados en un estudio realizado por la autoridad reguladora del sector– han decidido incrementar el precio de los pasajes, y la ciudadanía ha decidido resistir directamente la medida, sin poder evitar actos de abierto vandalismo ocurridos el día de ayer, mientras muchas autoridades de gobierno y fuerzas policiales miraban indiferentes las agresiones, cuando no las acicateaban.

Estamos, pues, ingresando en un estado de descontrol que no hace bien a nadie, así, eventualmente, se obtengan circunstanciales ventajas. En el país hemos vivido en varias oportunidades situaciones similares que a lo único que han conducido ha sido a enfrentamientos innecesarios y la impronta de proyectos autoritarios. En todo caso, las principales víctimas siempre han sido los sectores más pobres de la sociedad.

Para evitar ese desemboque –salvo que lo estén buscando, lo que cuesta creer– las autoridades deben asumir la responsabilidad esencial de conducir adecuadamente los negocios de la nación en un sistema democrático. Seguir confrontando nos conducirá a callejones sin salida...