Con mucha razón, desde diversos sectores se ha reclamado por el uso abusivo que ha hecho el Gobierno, con la ayuda de un fiscal, de extractos de llamadas telefónicas de números pertenecientes a dirigentes indígenas, no sólo por lo que significa una forma de control político intolerable en un Estado democrático y de derecho, sino porque la Constitución y la Ley de Telecomunicaciones norman claramente que se trata de documentos confidenciales. Por ello, se dijo, tanto las autoridades de gobierno que difundieron estos documentos como las empresas que los dieron podrían ser sometidas a un proceso penal.
De la misma manera en que se debe condenar lo mencionado, también se debe tener sumo cuidado con la difusión de imágenes de eventos que se supone privados, más aún desde medios de comunicación, desde donde pedimos, en forma permanente, respeto a la vida privada de los ciudadanos, salvo que se trate de un documento que afecte al interés común y luego de una minuciosa reflexión al respecto y debida justificación.
En el proceso de polarización al que nos han conducido las actuales autoridades de gobierno, debemos cuidarnos, particularmente los medios de comunicación, de respetar con celo la vida privada de todo ciudadano, sea o no autoridad, de la misma manera, hay que insistir, en que exigimos que hagan lo propio las autoridades. Menos aún debemos caer en extremos de sensacionalismo que a nada bueno conducen.
En resumen, ni desde el poder del Estado ni desde el llano se debe poner en riesgo innecesario la intimidad a la que tenemos derecho todos los ciudadanos, hombres y mujeres, y la necesidad está relacionada con la búsqueda del bien mayor, es decir, del bien común.
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