Dentro de tres meses y medio, el 13 de febrero, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) volverá a analizar la situación de Bolivia respecto del lavado de dinero. Y podrá aplicar sanciones.
El gobierno boliviano mira con poco interés este tema, sin advertir que podría convertirse en una pesadilla incluso para el comercio exterior, si las cosas llegaran a las sanciones.
Por el momento, la imagen de Bolivia está comprometida. La “comisión” Jersey sobre este tema acaba de incluir a Bolivia en una lista de doce países sospechosos de lavado de dinero.
Y recomienda que se apliquen “due diligence” a las operaciones financieras internacionales que comprendan a Bolivia.
La carta informativa Siglo 21 acaba de analizar este tema y ha subrayado las compras de empresas que hace el ciudadano paraguayo-venezolano Carlos Gil con dinero que trae del exterior.
Revela la carta que este señor, dueño de por lo menos dos matutinos en La Paz, además de otros en el exterior, de canales de Tv, de la Ferroviaria Oriental, de Gravetal y otros, ahora se propone comprar Electropaz.
Las autoridades bolivianas tendrían que aplicar medidas recomendadas por organismos internacionales para controlar el lavado de dinero del narcotráfico.
La transnacional del narcotráfico maneja en Sudamérica alrededor de 85.000 millones de dólares por año, a nivel de primeros proveedores y transformadores de cocaína.
Los ojos del mundo se han ido concentrando más en Bolivia respecto del lavado de dinero conforme crece el narcotráfico en el país.
Empresas creadas por profesionales en cada sector son compradas con rápidos movimientos por parte de millonarios recién aparecidos que están acumulando también inmuebles.
La economía paralela del narcotráfico tiene, además, un fuerte impacto en la formación de los precios, provocando un proceso de inflación que los bolivianos de la economía legal no pueden sobrellevar.
Y el plazo para frenar el lavado se acerca. Llegará antes del carnaval.Ver más
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