La epidemia de homicidios en El Alto detonó unamultitudinaria protesta ciudadana, evidentemente legítima, toda vez que el Estado Plurinacional no está cumpliendo con su obligación de garantizar la seguridad ciudadana.
Sin embargo, el clima pasional se ha vuelto terreno fértil para la demagogia de algunos dirigentes cercanos al partido de gobierno, que esgrimen la propuesta de la pena de muerte como supuesta panacea contra la criminalidad.
Nada más lejos de la realidad, ya que la experiencia mundial indica que la sanción extrema no hace disminuir los índices de delincuencia, cosa que sí logran las estrategias de “tolerancia cero” aplicadas por cuerpos policiales modernos y sistemas judiciales de acción rápida y transparente.
En el contexto actual, existe el alto riesgo de que la propuesta de la pena de muerte sea utilizada como espejismo o distractivo por un gobierno que no ha sabido gestionar políticas de seguridad medianamente eficientes.
El tema nunca ha sido prioridad para la administración de Evo Morales, más preocupada de instrumentalizar a las fuerzas policiales como guardia antimotines para reprimir protestas sociales, o de neutralizarlas para que no obstaculicen la expansión cocalera.
Como muestra de la poca y ninguna seriedad con que el presidente ha manejado el asunto, basta con recordar sus declaraciones en la Cumbre de Seguridad Ciudadana realizada el año pasado, cuando atribuyó la creciente criminalidad a las telenovelas, sin dedicarle una sola frase al narcotráfico, considerado por los expertos en la materia como uno de los principales factores en la intensificación del delito.
La fuga del sicario del Comando Vermelho, Marcos André Magalhaes, quien escapó de sus escoltas policiales tras invitarles a almorzar cuando se dirigía a su audiencia cautelar, da cuenta del verdadero problema: la obsolesencia y falta de capacitación del cuerpo encargado de darle seguridad a los bolivianos.
Junto a esto, deberían promoverse cambios legislativos que eliminen la denominada “puerta giratoria” en las prisiones, que permite la reiterada excarcelación de los reincidentes.
Lo otro es demagogia y quizás algo peor, porque, ¿cuáles serían las consecuencias de darle al Estado conducido por un régimen de maneras autoritarias el poder de decidir sobre la vida y la muerte de los ciudadanos?
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