burócratas en lugar de militares
insisten en acuerdo "ya firmado"
policías tienen nuevo pliego que incluye destitución de Comandante General
amotinados se concentran por cientos. ahora están organizados (crónica de ED, Alencar-Chuquimia)
Hubo preacuerdo, pero el motín sigue. Los ocho puntos acordados por los dirigentes de los policías y el Gobierno, durante la madrugada del sábado, fueron rechazados por las bases amotinadas. Se fue el cuarto día de protesta, el conflicto se alarga y no hay visos de entendimiento.
La tropa rebelde desconoció a los dirigentes que encabezaron las tratativas con el Ejecutivo, cuestionando el papel del suboficial Édgar Ramos. Más de 12 horas le tomó al grupo de amotinados articular una nueva comisión de negociación con 21 demandas.
A las 17:00 de ayer, cuatro delegados de todas las unidades de La Paz, entre suboficiales y sargentos, fueron presentados como nuevos dirigentes del motín verde olivo para encabezar la nueva negociación propuesta al Gobierno y al Alto Mando policial. A la comisión se sumó la dirigente de la Asociación de Esposas de los Policías, Guadalupe Cárdenas, pese a que participó del proceso de diálogo cuestionado.
Los nuevos dirigentes son anónimos, la mayoría no se identificó ni mostró sus grados. Sin embargo, el sargento Javier Quispe fue el único que dio la cara, como secretario de hacienda de los manifestantes.
A los pedidos de nivelación salarial, abrogación del Régimen Disciplinario policial, jubilación con el 100% del último salario, creación de una defensoría del policía y la destitución del comandante general Víctor Maldonado, ahora se han sumado demandas como la retoma de los servicios de Identificación y de emisión de licencias de conducir a manos de la Policía, así como recuperar la dirección de los procesos investigativos que hoy la ejerce el Ministerio Público.
El Gobierno, a través de los ministros Carlos Romero y Amanda Dávila, se han desmarcado de esta postura de los policías amotinados y han dicho que ya existe un acuerdo con los dirigentes legítimos de la protesta. Lo demás, según Romero, responde a elementos que “están trabajando con un movimiento político, conspirativo y desestabilizador que busca alterar el orden constitucional”. Discurso respaldado por el dirigente desconocido, Édgar Ramos.
La comisión pide diálogo directo con el presidente Evo Morales en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP). Para fortalecer sus planteamientos, se anuncia para hoy el arribo a La Paz de delegados policiales del resto del país, para generar un ente negociador colectivo. El Gobierno no se ha pronunciado sobre esta nueva propuesta, mientras que el comandante Maldonado, el dijo desconocer el nuevo pliego petitorio.
“Las reuniones del pliego serán consideradas con el presidente y los camaradas de los nueve departamentos. Queremos hablar y dejar esta intranquilidad que también nos tiene en zozobra”, afirmó uno de los nuevos delegados.
Los policías que permanecen en las inmediaciones de la UTOP, a media cuadra de la plaza Murillo, afirmaron que Ramos no consultó a las bases los términos del documento y que el mismo no satisface sus pedidos.
Los efectivos explicaron que su demanda es la nivelación de su salario, igual al de un sargento inicial de las FFAA que gana Bs 2.400 y no el incremento del Bono de Seguridad Ciudadana, porque ese incentivo sale, según los amotinados, de los ingresos de la Policía y no de recursos gubernamentales, extremo que el Ejecutivo niega.
Ayer en la mañana, alrededor de 500 hombres encapuchados, todos vestidos de civil, le dieron la vuelta a la plaza Murillo dos veces pidiendo la nivelación. “Evo, te quedan dos caminos, irte a Venezuela o darnos solución”, era uno de los estribillos.
Rabiosos, en más de una ocasión, atacaron a oficiales que no se habían sumado a la protesta. La acusación de afán golpista, difundida ampliamente por los medios estatales, les cayó muy mal.
“Se nos acusa de estar con políticos golpistas, que vayan los ministros a nuestras casas a ver cómo vivimos con los suelditos que nos pagan”, dijo uno de los amotinados. Sin embargo, estas acusaciones colmaron la programación de los medios estatales.
Para hoy se aguarda el arribo de los delegados policiales del país y aún el Ejecutivo hace esperar su decisión de volver a la mesa para negociar, mientras desde del Comando General de la Policía se insiste en que todo vuelve a la normalidad y que son unos cuantos los que se movilizan, instigados por gente ajena a la institución.
La oferta gubernamental y la plataforma de demandas
El acuerdo que las bases rechazaron
- Garantía. El Gobierno no promoverá procesos.
- Sueldo. El aumento es de Bs 220 en el bono de Seguridad Ciudadana.
- Normativa. En siete días se debe presentar una propuesta para modificar el Régimen Disciplinario.
- Beneficio. Se crea un fondo de compensación que remplaza a Covipol.
Los nuevos pedidos
- Sueldo. Haber básico igual al de las FFAA.
- Normas y procesos. Abrogar la ley 101, no seguir acciones y no cambios de destinos.
- Beneficio. Jubilación igual a la de las FFAA.
- Infraestructura. Construcción de viviendas, de hospitales, de mejores comisarías, de talleres mecánicos, de un laboratorio de criminalística y de ambientes en frontera.
- Logística. Dotación de armas, uniformes, víveres y otorgación de un seguro de vida.
- Institucional. Retorno a manos de la Policía de los servicios de Identificación Personal y Licencias de Conducir. Regresar al antiguo sistema de investigación, donde los fiscales no eran los directores de las investigaciones.
- Instrucción. Capacitación permanente de los efectivos en ramas técnicas policiales.
- Jerarquía. Que se realicen elecciones dentro de la guarnición entre los cinco primeros del curso para ascenso a generales.
- Mando. Destitución del comandante general de la Policía boliviana.
- Garantía. El acuerdo solo se firmará con la presencia de defensores de los derechos humanos.
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