El Gobierno y los policías de base trabajaban anoche en un preacuerdo para dar solución a las demandas de los uniformados amotinados desde el jueves pasado.
Luego de una reunión de más de tres horas en La Paz, los representantes de los efectivos y autoridades del Ejecutivo afinaban detalles para firmar un documento tras lograr consensos en tres de cuatro puntos.
Hasta el cierre de esta edición (23:00) no se conocía si el acuerdo iba a ser firmado.
Después de dos cuartos intermedios desde que comenzó el diálogo el pasado viernes, entre el Gobierno y la comisión de los representantes de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol), las partes volvieron a reunirse desde las 20:00 de ayer.
Entretanto, el Ministerio de Defensa instruyó a las Fuerzas Armadas (FFAA) “redoblar” la seguridad en las calles.
"La Policía Militar redoblará su personal en las principales capitales del país con el patrullaje y vigilancia en las calles, para evitar desmanes contra la propiedad privada y posibles excesos en el consumo de bebidas alcohólicas por las fiestas de San Juan", indica un documento oficial del Ministerio de Defensa.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que el despliegue militar formaba parte de un “plan de contingencia” para proteger a la gente y no busca la confrontación. Las FFAA, que desde el pasado jueves encuarteló a sus militares, tienen la misión de desplazarse por las diferentes calles y avenidas de las ciudades y provincias.
En Cochabamba, más de 1.000 efectivos se desplazaron a partir de las 19:00 en distintos puntos del departamento para realizar el control, además se coordinó con la Fiscalía para detener a las personas que infrinjan alguna normativa. Según el comunicado, se incrementará en al menos 25 por ciento el número de efectivos militares para el patrullaje y vigilancia de las calles de las principales capitales de departamento. El Gobierno amplió el Plan de Seguridad Ciudadana por 90 días más hasta el mes de agosto.
Diálogo
La reunión se logró instalar en el Viceministerio de Régimen Interior, el pasado viernes en horas de la noche, después del segundo día de haberse llevado a cabo el motín de los policías. Esa reunión tuvo un cuarto intermedio a las 5 de la madrugada y se reanudó a las 14:00 de ayer, pero horas después se interrumpió debido a que una marcha de policías se dirigía hacia el lugar.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó que la propuesta presentada al sector en el tema económico fue que el incremento salarial del 8 por ciento, que se aprobó el 1 de mayo mediante un Decreto Supremo con la fórmula inversamente proporcional, fue complementado con una inyección al bono de seguridad ciudadana de 200 bolivianos.
A esto se planteó la propuesta de duplicar la asignación de ración seca que percibe la Policía Boliviana anualmente, que representa un monto a 640 bolivianos. Después, el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, explicó que el salario más bajo de un policía es de 1.326 bolivianos, con el incremento salarial sube a 1.446, a esto se suma el bono de 400 bolivianos más los 200 que ofrece el Gobierno a este beneficio, en total un efectivo policial recibiría 2.046.
“Se le ha ofertado duplicar el bono anual de ración seca que tiene la Policía y que alcanza a un valor de 640 bolivianos. Se le entrega harina, arroz, azúcar. Estaríamos hablando de 1.280 bolivianos”, dijo.
Otras demandas
Romero también dijo que se había avanzado en los otros puntos de la demanda como la posibilidad de modificar la Ley 101, después de que una comisión técnica contraste la normativa con la Constitución Política del Estado y si existen “transgresiones” a los derechos de los policías “las vamos a corregir”.
También se avanzó en la creación de la Defensoría de la Policía y hubo coincidencia en que el responsable sea una persona “neutral”. En el caso de las raciones secas se propuso la conformación de un centro de control de calidad.
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