“La ANP ya expresó su posición concreta al rechazar que se vaya a tribunales ordinarios en el supuesto caso de que existiera un delito, que no existe, en todo caso la ANP está exigiendo que si hay un tratamiento de este tema vaya a las normas de la Ley de Imprenta, se ha de prestar todo el apoyo necesario a los medios para su defensa legal”, manifestó León Cornejo a Unitel.
“No hay razón para juzgar a la Agencia de Noticias Fides (…), hemos hecho una revisión del caso y efectivamente no hay la menor razón para juzgar a los periódicos, por la sencilla razón de lo único que han hecho es transcribir periodísticamente lo que dijo el presidente de la República en Tiahuanaco”, agregó.
Asimismo, dijo que el Gobierno no pudo demostrar la “prueba del delito” para acusar de racismo por los titulares y las notas de prensa escritas por los tres medios de comunicación. Advirtió que si se pretende atemorizar a los periodistas para sentar un precedente, se podría incurrir en una “autocensura” de los medios de comunicación, evitando reflejar noticias gubernamentales.
“Para no cometer un posible delito en estas circunstancias, nos abstenemos de decir nada de lo que haga el presidente de la República, nada de lo que haga el Gobierno, una autocensura grave pero radical, pierde el gobierno, pierden los medios, pero sobre todo pierde el país que tiene el derecho de ser informado de forma imparcial”, señaló.
Reiteró que la única forma de respetar la Constitución Política del Estado (CPE) en este caso, es el de acudir a los tribunales de ética y si amerita un proceso, debe ser llevado en base a la Ley de Imprenta, que es la norma madre de la prensa.
Después de calificar con al menos 14 adjetivos el trabajo y la cobertura de la Agencia de Noticias Fides (ANF), el Gobierno del presidente Evo Morales demandó a la propia agencia y a los periódicos “Página Siete” y “El Diario” por el supuesto delito de “difusión e incitación al racismo o la discriminación”. Pero, además, les atribuyó intenciones que van desde generar “un enfrentamiento y consecuentemente un odio racial y discriminación entre bolivianos”, hasta poner “en peligro la unidad del Estado plurinacional”.
La demanda interpuesta por Jefe de la Unidad de Gestión Jurídica del Ministerio de la Presidencia, Juan Marcelo Zurita Pabón, “en representación (y) por mandato del señor ministro de la Presidencia del Estado Plurinacional, Juan Ramón Quintana”, es un compendio de desmesuras.
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