Sea como fuere, la suerte está echada con el Censo de Población y Vivienda que tuvo lugar este miércoles en el país. De cualquier forma ha sido una jornada histórica, puesto que se trata de la primera gran encuesta de estas características que se realiza luego de producidos los grandes cambios políticos de la última década, que han surgido después de un prolongado periodo de estabilidad social y política.
Es lamentable que un acontecimiento tan importante como el Censo hubiera sido reducido a la chicana de la politiquería, de la repartija de los recursos y el rentismo, que a su vez, han alentado actitudes infantiles de autoridades que se han dedicado al acarreo de gente como si se tratara de una campaña electoral.
Se trata también de la tercera oportunidad de hacerle una evaluación a la democracia boliviana en estas tres décadas y ver cuáles han sido los resultados de todo este proceso de consolidación institucional que parece haberse detenido en los últimos años. Da la impresión de que la deuda interna sigue intacta y que persisten problemas estructurales como la pobreza extrema, la falta de vivienda, la migración forzosa por falta de empleo y oportunidades de supervivencia, la prevalencia de enfermedades que han sido erradicadas en otros países de similares características a Bolivia.
El Gobierno no debería jugar con el Censo. Nadie debería sentirse tentado a distorsionar los resultados con fines mezquinos como trastocar la distribución de recursos o el reacomodo de la representación política. Ese es justamente el reflejo de la inmadurez de nuestras élites, que en 30 años de democracia, no han sido capaces de pasar de la promesa a los hechos en materia política, es decir a la construcción de un Estado que sea sinónimo de más educación, más salud, mejor calidad de vida y un futuro más prometedor para las nuevas generaciones.
Sería una irresponsabilidad mayúscula que se cumplan las sospechas de algunos opositores en relación a supuestas intenciones espurias de cometer fraude estadístico simplemente para ocultar las debilidades de una gestión que a todas luces carece de eficiencia, de efectividad para hallar soluciones y que camina rumbo al despeñadero de la corrupción y el saqueo, como ha sucedido con administraciones del pasado.
El relevamiento de datos que se ha producido ayer con la movilización de cientos de miles de personas y que ha demandado un presupuesto superior a los 20 millones de dólares, es apenas uno de los pasos de todo un proceso que requiere la realización de nuevos estudios y por supuesto la tarea titánica de reunir los datos, analizarlos y ponerlos en manos expertas para que a partir de allí se puedan diseñar políticas eficaces. Es absurdo quedarse apenas en el asunto aritmético del número de habitantes y la deducción sobre los recursos tributarios y el número de parlamentarios que corresponden para cada región. Ese es un asunto más temprano que tarde debemos erradicar para que el próximo Censo no termine en peleas, bloqueos y actitudes infantiles como las que hemos visto en las últimas semanas.
En relación a las autoridades nacionales, aunque sea por única vez, deben dejar de lado sus cálculos mezquinos y actitudes guerreristas para comprometerse a respetar el Censo, que equivale respetar a Bolivia, a su población y al derecho que tienen todos de aspirar a un futuro mejor.
Es lamentable que un acontecimiento tan importante como el Censo hubiera sido reducido a la chicana de la politiquería, de la repartija de los recursos y el rentismo, que a su vez, han alentado actitudes infantiles de autoridades que se han dedicado al acarreo de gente como si se tratara de una campaña electoral.
Se trata también de la tercera oportunidad de hacerle una evaluación a la democracia boliviana en estas tres décadas y ver cuáles han sido los resultados de todo este proceso de consolidación institucional que parece haberse detenido en los últimos años. Da la impresión de que la deuda interna sigue intacta y que persisten problemas estructurales como la pobreza extrema, la falta de vivienda, la migración forzosa por falta de empleo y oportunidades de supervivencia, la prevalencia de enfermedades que han sido erradicadas en otros países de similares características a Bolivia.
El Gobierno no debería jugar con el Censo. Nadie debería sentirse tentado a distorsionar los resultados con fines mezquinos como trastocar la distribución de recursos o el reacomodo de la representación política. Ese es justamente el reflejo de la inmadurez de nuestras élites, que en 30 años de democracia, no han sido capaces de pasar de la promesa a los hechos en materia política, es decir a la construcción de un Estado que sea sinónimo de más educación, más salud, mejor calidad de vida y un futuro más prometedor para las nuevas generaciones.
Sería una irresponsabilidad mayúscula que se cumplan las sospechas de algunos opositores en relación a supuestas intenciones espurias de cometer fraude estadístico simplemente para ocultar las debilidades de una gestión que a todas luces carece de eficiencia, de efectividad para hallar soluciones y que camina rumbo al despeñadero de la corrupción y el saqueo, como ha sucedido con administraciones del pasado.
El relevamiento de datos que se ha producido ayer con la movilización de cientos de miles de personas y que ha demandado un presupuesto superior a los 20 millones de dólares, es apenas uno de los pasos de todo un proceso que requiere la realización de nuevos estudios y por supuesto la tarea titánica de reunir los datos, analizarlos y ponerlos en manos expertas para que a partir de allí se puedan diseñar políticas eficaces. Es absurdo quedarse apenas en el asunto aritmético del número de habitantes y la deducción sobre los recursos tributarios y el número de parlamentarios que corresponden para cada región. Ese es un asunto más temprano que tarde debemos erradicar para que el próximo Censo no termine en peleas, bloqueos y actitudes infantiles como las que hemos visto en las últimas semanas.
En relación a las autoridades nacionales, aunque sea por única vez, deben dejar de lado sus cálculos mezquinos y actitudes guerreristas para comprometerse a respetar el Censo, que equivale respetar a Bolivia, a su población y al derecho que tienen todos de aspirar a un futuro mejor.
Sería una irresponsabilidad mayúscula que se cumplan las sospechas de algunos opositores en relación a supuestas intenciones espurias de cometer fraude estadístico simplemente para ocultar las debilidades de una gestión que a todas luces carece de eficiencia.
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