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miércoles, 9 de enero de 2013

cuando los gobiernos proceden en forma cohercitiva y abusiva y se apropian del bien ajeno, las leyes que protegen la inversión, imponen severas sanciones que tienen que ver con el lucro cesante y el daño emergente. no resultará por tanto nada extraño que Evo (el Estado) tenga que pagar la inversión + daños y perjuicios + costos judiciales. serán embargadas las cuentas de Bolivia y otros castigos. (El texto de OPINION)

El Presidente, ha expropiado las acciones de la española Iberdrola en la Empresa de Electricidad de La Paz (Electropaz), en la Empresa de Luz y Fuerza de Oruro (Elfeo), más una empresa de servicios y una gestora de inversiones. En mayo ya se había expropiado las acciones de Red Eléctrica Española (REE) sin que hasta el momento se haya llegado a un acuerdo de compensación económica. Ésta se dispone a acudir al arbitraje internacional porque sostiene que el patrimonio contable de su filial asciende a 164 millones de dólares, mientras que el Gobierno dice que pagará “un poquito” por ella. Asimismo, la británica Rurelec ya inició un arbitraje a Bolivia en la Corte de La Haya por esa medida. 

Los organismos internacionales han advertido en diferentes informes que Bolivia es un país inseguro. La falta de seguridad jurídica y las reglas de juego poco claras desincentivan la inversión extranjera directa, las que ya no llegan a sectores como el minero, telecomunicaciones o el eléctrico. Contradictoriamente, el Gobierno tiene un proyecto de ley que pretende ¿¡garantizar la seguridad jurídica de las inversiones!? Este laboratorio de experimentación del neosocialismo: ¿resguarda el interés público? la brecha entre las tarifas urbanas y rurales ¿no se podía negociar con las expropiadas para hacerlas más equitativas? ¿no terminará el Estado subsidiando las tarifas eléctricas rurales? ¿son estas medidas económicas liberalizadoras? ¿no es esta una pésima señal al Mercosur? El neocaudillismo acierta un nuevo golpe al Estado de Derecho y daña no tanto a las empresas españolas, sino al propio Estado. Mientras en la región la inversión extranjera no para de aumentar, el neopopulismo se da el lujo, una vez más, de reestatizar ¿tenían estas expropiaciones algo que ver con los retos actuales del país como la reducción de la pobreza, la corrupción galopante, o la normalidad democrática? Las consecuencias sociales y económicas serán funestas: más conflictos diplomáticos con España, el segundo país inversor en Bolivia tras Estados Unidos; la mala gestión de la política energética causará problemas futuros de abastecimiento; ahuyentará definitivamente la inversión extranjera privada; más drama social y económico para los desocupados y jóvenes; crecerá la economía informal e incrementará la desconfianza en el país. Las políticas económicas adecuadas a largo plazo están ausentes en este Gobierno, la seguridad jurídica y las inversiones privadas nacionales y extranjeras como motores indispensables para el crecimiento han sido fulminados, así continuaremos siendo los “anémicos” en el continente y jamás formaremos parte del privilegiado y prestigioso club de los países emergentes ¿tenemos razones para sentirnos indignados?