Los conflictos son parte indisoluble de la vida boliviana. Desde hace décadas existen organismos financiados con donaciones del exterior para estudiar la actividad conflictiva del país. Ellos enumeran y clasifican las protestas, las movilizaciones, los paros, los bloqueos y todo tipo de manifestación popular dirigida a la búsqueda de una satisfacción específica. Una de las principales conclusiones de estos estudios, por ejemplo, es que casi el 100 por ciento de los conflictos persiguen reivindicaciones económicas.
Los gobiernos bolivianos siempre han estado bien pertrechados para enfrentar los conflictos. Casi el 60 por ciento del presupuesto nacional se lo llevan los ministerios de Defensa y de Gobierno dedicados casi exclusivamente a prever escenarios conflictivos, anticiparse a las consecuencias y por supuesto, reprimir cuando llega el momento más álgido. Por culpa de los conflictos, que siempre ponen en peligro la estabilidad política del país, queda muy poco para atender las necesidades básicas de la gente, que naturalmente protesta para conseguir una mayor porción de la torta, bajo el concepto de que “quien no llora no mama”.
Desde que se agudizó la ola conflictiva en los años 90, las administraciones gubernamentales de turno llegaron a crear ministerios y viceministerios dedicados a atender los conflictos y por supuesto, negociar con las organizaciones más problemáticas, especialmente con sus dirigentes, que han hecho de los conflictos un modo de vida y de acumulación de fortuna y de poder. Tanto se sataniza el uso de los famosos “gastos reservados”, pero nadie cuestiona a todos aquellos líderes populares que se beneficiaron con esos fondos.
En Bolivia nadie sabe a ciencia cierta por qué protestan las organizaciones. En este momento, por ejemplo, los dirigentes de la COB supuestamente exigen una reforma más ventajosa de la Ley de Pensiones, pero hay sospechas de que en realidad están buscando cómo fortalecerse políticamente y recuperar cuotas de poder dentro del Gobierno que se prepara para un año electoral. En realidad, cuando se habla de jubilación, quienes deberían estar en las calles son los asalariados que aportan a los fondos de pensiones, puesto que con tanta manipulación se corre el riesgo de que los jubilados del futuro se queden con las manos vacías.
Eso mismo ocurrió en las protestas del 2003. Todo empezó con una queja vecinal por el incremento de los impuestos municipales a las viviendas y las cosas derivaron en la famosa “Guerra del Gas” por la recuperación de los hidrocarburos para los bolivianos, riqueza que hoy beneficia sobre todo a dos países extranjeros. Pero el objetivo de fondo era encumbrar a un líder que se convirtió en presidente. Este dirigente fue el resultado de otro conflicto, muy paradójico también y que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico del que resultó vencedor justamente el que estaba llamado a ser derrotado y que ahora pone en peligro la integridad del Estado.
Finalmente, cuando se habla de los conflictos siempre está presente la evaluación de los perjuicios. Sin bien los líderes de los movimientos sociales aseguran que el conflicto es la forma de cambiar el país, lo más probable es que tengan razón quienes dicen que tantos bloqueos y paralizaciones sumen aún más en la pobreza a la población, porque disminuye la fuerza productiva. Las pruebas no dejan mentir y además, ¿quién podría afirmar que tras el triunfo del sector más conflictivo del país, la situación de los bolivianos haya sufrido cambios significativos?
Los gobiernos bolivianos siempre han estado bien pertrechados para enfrentar los conflictos. Casi el 60 por ciento del presupuesto nacional se lo llevan los ministerios de Defensa y de Gobierno dedicados casi exclusivamente a prever escenarios conflictivos, anticiparse a las consecuencias y por supuesto, reprimir cuando llega el momento más álgido. Por culpa de los conflictos, que siempre ponen en peligro la estabilidad política del país, queda muy poco para atender las necesidades básicas de la gente, que naturalmente protesta para conseguir una mayor porción de la torta, bajo el concepto de que “quien no llora no mama”.
Desde que se agudizó la ola conflictiva en los años 90, las administraciones gubernamentales de turno llegaron a crear ministerios y viceministerios dedicados a atender los conflictos y por supuesto, negociar con las organizaciones más problemáticas, especialmente con sus dirigentes, que han hecho de los conflictos un modo de vida y de acumulación de fortuna y de poder. Tanto se sataniza el uso de los famosos “gastos reservados”, pero nadie cuestiona a todos aquellos líderes populares que se beneficiaron con esos fondos.
En Bolivia nadie sabe a ciencia cierta por qué protestan las organizaciones. En este momento, por ejemplo, los dirigentes de la COB supuestamente exigen una reforma más ventajosa de la Ley de Pensiones, pero hay sospechas de que en realidad están buscando cómo fortalecerse políticamente y recuperar cuotas de poder dentro del Gobierno que se prepara para un año electoral. En realidad, cuando se habla de jubilación, quienes deberían estar en las calles son los asalariados que aportan a los fondos de pensiones, puesto que con tanta manipulación se corre el riesgo de que los jubilados del futuro se queden con las manos vacías.
Eso mismo ocurrió en las protestas del 2003. Todo empezó con una queja vecinal por el incremento de los impuestos municipales a las viviendas y las cosas derivaron en la famosa “Guerra del Gas” por la recuperación de los hidrocarburos para los bolivianos, riqueza que hoy beneficia sobre todo a dos países extranjeros. Pero el objetivo de fondo era encumbrar a un líder que se convirtió en presidente. Este dirigente fue el resultado de otro conflicto, muy paradójico también y que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico del que resultó vencedor justamente el que estaba llamado a ser derrotado y que ahora pone en peligro la integridad del Estado.
Finalmente, cuando se habla de los conflictos siempre está presente la evaluación de los perjuicios. Sin bien los líderes de los movimientos sociales aseguran que el conflicto es la forma de cambiar el país, lo más probable es que tengan razón quienes dicen que tantos bloqueos y paralizaciones sumen aún más en la pobreza a la población, porque disminuye la fuerza productiva. Las pruebas no dejan mentir y además, ¿quién podría afirmar que tras el triunfo del sector más conflictivo del país, la situación de los bolivianos haya sufrido cambios significativos?
Cuando se habla de los conflictos siempre está presente la evaluación de los perjuicios. Sin bien los líderes de los movimientos sociales aseguran que el conflicto es la forma de cambiar el país, lo más probable es que tengan razón quienes dicen que tantos bloqueos y paralizaciones sumen aún más en la pobreza a la población, porque disminuye la fuerza productiva.
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